Recientemente, la Sala Constitucional de Costa Rica dio curso a un recurso de hábeas corpus que presenté en defensa de los derechos fundamentales de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Este recurso surge en respuesta a lo que considero un trato desproporcionado durante su detención, lo cual vulnera principios esenciales como el debido proceso y la presunción de inocencia.

Durante un operativo del Ministerio Público, la señora Esquivel fue trasladada en un vehículo destinado a personas condenadas o en detención preventiva, a pesar de no tener una acusación formal ni sentencia en firme en su contra.

Este tipo de acciones no solo generan preocupación sobre el respeto a los derechos humanos, sino que también ponen en entredicho la proporcionalidad con la que las autoridades deben actuar en este tipo de situaciones.

En mi rol como periodista y administrador de empresas, creo firmemente en la importancia de la transparencia institucional.

Sin embargo, esta no debe sacrificarse a costa de la dignidad de las personas involucradas.

Es esencial que las instituciones públicas garanticen que sus actuaciones respeten tanto la justicia como los derechos fundamentales, sin convertir los procesos judiciales en espectáculos mediáticos que puedan dañar la reputación de los ciudadanos.

Desde una perspectiva más amplia, mi formación en educación me impulsa a defender valores como la equidad y la justicia. La herramienta del hábeas corpus es crucial para asegurar que, aun en procesos judiciales, las personas sean tratadas con el respeto que merecen.

Este recurso no solo busca proteger los derechos de la señora Esquivel, sino también establecer un precedente sobre cómo deben proceder las autoridades para garantizar la proporcionalidad y el respeto en la ejecución de sus funciones.

En una sociedad democrática, la confianza en las instituciones se fortalece cuando estas actúan con ética y bajo principios de justicia. Es vital que el ejercicio de la justicia esté fundamentado en criterios sólidos y no en dinámicas que puedan afectar la dignidad de las personas involucradas.

Este caso nos invita a reflexionar sobre el balance entre la transparencia, la protección de los derechos humanos y la actuación adecuada de las autoridades judiciales en Costa Rica.

Desde mi posición, seguiré defendiendo la justicia y los derechos fundamentales de todas las personas, con la esperanza de que las instituciones públicas también lo hagan.

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