También acusaron a dos funcionarios del MOPT por este caso.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) acusó al exministro Rodolfo Méndez Mata, al exdirector de obras, de apellidos Vega León, y al oficial mayor, de apellidos Cheves Ramírez, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por dirigir el proceso de cierre de cuatro plantas productoras de mezcla asfáltica, con órdenes que carecieron de sustento técnico y jurídico.
En un comunicado de prensa el Ministerio Pública detalló que el delito atribuido es influencia contra la Hacienda Pública, porque, según el órgano acusador del Estado, con la decisión tomada, ellos eliminaron los recursos que fueron asignados a las plantas para provocar en el tiempo el estado de desuso, abandono, precarización y cierre, que permitiera enajenar las mismas como bienes del MOPT.
A los imputados Vega y Cheves también se les atribuye la influencia ejercida sobre otros funcionarios para el cierre de las plantas, pese a que estas eran rentables bajo un escenario ideal de producción, con gran interés público para la realización de obra pública vial.
La Fapta señaló que “como consecuencia de dichas acciones, también se afectó la Hacienda Pública porque, mediante el proceso de cierre técnico, se dejó perder la inversión realizada para la compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento de las plantas, lo que repercutió también en que se diera un incremento en el precio de la mezcla asfáltica vendida por productores privados”.
Las cuatro plantas se adquirieron entre los años 2008 y 2017, y representaron en conjunto una inversión para el Estado superior a los ₡3.900 millones.
Las plantas fueron instaladas en Tajo El Chopo, en Cañas, Guanacaste; en Siquirres, Limón; Colima, Santo Domingo de Heredia; y Paso Real, en Buenos Aires de Puntarenas. Esta última, que se adquirió poco antes del proceso de cierre técnico acusado, representó para el Estado una inversión de más de ₡1.700 millones.
La acusación del expediente 19-000028-0033-PE se comunicó a las partes la semana anterior, con el fin de que se determine si la Procuraduría General de la República presentará querella y acción civil resarcitoria.
Pasado el plazo de ley, la fiscalía presentará la acusación con solicitud de apertura a juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, órgano que debe señalar una audiencia preliminar en la que se definirá si la causa se eleva a juicio.
En caso de que se ordene el debate, el expediente pasará al Tribunal Penal, para que se señale fecha de inicio.
