El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de Costa Rica, permitiendo que las universidades públicas formen profesionales de alta calidad que han impulsado el crecimiento económico y social del país. Este financiamiento ha consolidado a Costa Rica como un referente en educación en la región, posicionándola como un centro de innovación y desarrollo tecnológico. Más allá de ser un derecho constitucional, la educación superior pública es una inversión estratégica que impulsa la competitividad y el bienestar social.
En un contexto de creciente presión fiscal y cambios sociales, es crucial reformar el FEES para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Esta transformación no debe implicar una reducción en el apoyo estatal, sino una optimización de los recursos públicos existentes, con un enfoque en la eficiencia y la modernización. Las universidades deben adaptarse a las demandas de un entorno globalizado, transformando sus estructuras operativas para mantenerse competitivas y relevantes.
La reforma del FEES debe garantizar que la educación superior pública siga siendo accesible para todas las personas, optimizando recursos sin comprometer su carácter público y su misión de equidad social. Esto permitirá que las personas, independientemente de su situación económica, continúen beneficiándose de un sistema educativo de alta calidad.
El uso eficiente de los recursos es fundamental para garantizar la sostenibilidad del FEES. Implementar un enfoque por resultados permitirá maximizar el impacto del financiamiento, asegurando que las universidades respondan a las demandas sociales y económicas del país. Indicadores como el acceso equitativo, la inserción laboral, la calidad de la investigación y la innovación tecnológica serán esenciales. Sistemas de trazabilidad y rendición de cuentas asegurarán la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La modernización de los procesos administrativos, apoyada por tecnologías avanzadas, mejorará la gestión universitaria y liberará recursos, sin necesidad de privatizar la educación pública. Esta mejora en la eficiencia permitirá que las universidades ofrezcan una educación que responda mejor a las necesidades del estudiantado y del país
Finlandia puede servir de referencia. En ese país, la presión sobre los recursos públicos ha sido gestionada mediante alianzas público-privadas que han financiado proyectos de investigación y desarrollo sin comprometer la autonomía universitaria. Estas colaboraciones han diversificado las fuentes de ingresos, reforzando la capacidad de las universidades para mantenerse competitivas e innovadoras. En Costa Rica, explorar este tipo de alianzas podría aliviar la carga fiscal, siempre garantizando que el financiamiento estatal siga siendo la base para asegurar una educación pública de calidad.
Para enfrentar los desafíos actuales, es esencial actualizar el marco legal que sustenta el FEES, incluyendo una reforma constitucional que sea de carácter estratégico y no meramente administrativo, garantizando su sostenibilidad a largo plazo. Esta actualización debe proteger el derecho a la educación, promover la planificación eficiente y abrir espacios para incorporar prácticas exitosas de otros países, como Finlandia, que fortalezcan el sistema educativo sin comprometer su carácter público.
La educación superior pública ha sido clave para la promoción de la equidad social y el desarrollo económico en Costa Rica. Reformar el FEES es crucial no solo para la estabilidad financiera de nuestras universidades, sino también para garantizar que sigan siendo una fuerza impulsora de desarrollo social, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Es fundamental superar la visión de corto plazo en las negociaciones anuales, y adoptar una estrategia a largo plazo que asegure un sistema educativo robusto y preparado para los retos del siglo XXI.
Solo mediante una reforma integral, centrada en la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad, aseguraremos el futuro de la educación superior pública en Costa Rica. La modernización de los procesos administrativos, combinada con una gestión innovadora, será clave para que nuestras universidades sigan siendo motor de desarrollo y equidad en el país.
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