Trabajé durante siete años en la Corte, y en los últimos tres años ocupé el puesto de letrado en el despacho de Porfirio. Si tuviera que evaluar su desempeño, le otorgaría una calificación de 6 sobre 10. A continuación, expongo las razones que sustentan esta evaluación:

  1. Uso inadecuado del lenguaje: Su lenguaje no siempre fue el más apropiado y, en ocasiones, resultó ser obsceno. Esto se evidenció especialmente al comentar “el caso Tinoco” y al referirse a la inconducta sexual de otro ex magistrado.
  2. Decisiones controversiales en la Sala Segunda: Durante los dos años en que ha presidido la Sala Segunda, Porfirio rechazó de plano cerca de quinientos recursos de casación en materias sensibles, en las que se incluyen pensiones del régimen no contributivo (vejez, invalidez, orfandad y parálisis cerebral). Esta medida, que implicó archivar estos expedientes sin resolverlos por el fondo, no está respaldada expresamente en la ley, pues más bien el ordenamiento jurídico prevé una solución distinta en pro de una sentencia sustantiva (véase al respecto el criterio reiterado por la magistrada Julia Varela, así como la línea jurisprudencial de las demás Salas de casación y la doctrina del Dr. Jorge López, entre otros). En mi opinión, esto refleja un desconocimiento de la materia procesal y de la teoría de los actos jurídicos, a pesar de que el magistrado fue claramente apercibido y técnicamente asesorado al respecto. Además, es posible que estos asuntos rechazados de plano, junto con las réplicas generadas en solicitudes de aclaración y recursos de revocatoria, se hayan presentado en los informes de Sánchez como un logro, cuando en realidad representan uno de los mayores fracasos de la justicia.
  3. Manejo del personal: Su gestión del personal tampoco ha sido la mejor. Bajo su presidencia, la Sala Segunda recibió este año una calificación deficiente en cuanto al entorno de trabajo, evidenciando la insatisfacción del equipo, compuesto por cerca de cuarenta personas (véase el informe emitido por el Departamento de Ambiente Laboral). Además, me consta que es dado a emitir instrucciones ambiguas y hasta contraproducentes, con poco sentido de la eficiencia en el uso de los recursos e irrespeto hacia el trabajo realizado por sus colaboradores.
  4. Criterios arbitrarios en la evaluación de subalternos: Porfirio ha demostrado ser arbitrario al calificar a sus subalternos, empleando criterios no solo subjetivos, sino también discriminatorios. Además, y contrario a lo que ocurre para el resto de funcionarios judiciales, no existe recurso ante un órgano diferente para revisar estas calificaciones. Este tema es de particular relevancia, dado que Porfirio resuelve en casación los litigios relacionados con acoso, hostigamiento laboral y discriminación en el ámbito del trabajo.
  5. Desmotivación y abandono del Poder Judicial: En marzo de este año salí del Poder Judicial con el mismo sentimiento de desmotivación que ha predominado en la renuncia de casi mil profesionales que han dejado la institución en los últimos tiempos, incluido otro letrado de Porfirio.
  6. Ausencia de evaluación formal: Es importante señalar que no existe una evaluación formal del desempeño de Porfirio que sirva de insumo para la Asamblea Legislativa. Aunque hace años se discutió en Corte Plena la implementación de tales evaluaciones, sus integrantes decidieron que no serían evaluados ni recibirían retroalimentación de sus subalternos. Esto contrasta con las demás jefaturas de la institución, que están sometidas a evaluaciones por parte de sus superiores y a un procedimiento de "evaluación de la persona evaluadora", en el cual el personal a su cargo califica su gestión.

Esta es la perspectiva que puedo ofrecer del magistrado en lo que resulta de interés público. En el contexto de la crisis que atraviesan el Poder Judicial y la Sala Segunda, le corresponde ahora a la Asamblea Legislativa tomar una decisión basada no en un mecanismo automático de reelección, sino en una ponderación razonada de todos los elementos relevantes para el caso. Es importante destacar que se trata de la única evaluación que recibirá Porfirio tras ocho años en el cargo.

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