Hace unos días, un medio periodístico nacional digital publicó un artículo de opinión elaborado por una persona estudiante de la Universidad de Costa Rica, en el que a partir de argumentos falaces, infundados y poco sólidos, se le otorgaron visibilidad y plataforma a una serie de mitos y nociones tergiversadas acerca de la realidad sobre el presupuesto para la educación superior pública. Ante este hecho, no solo como activistas por los derechos humanos, sino además como personas estudiantes y desde la empatía, la solidaridad y el amor, nos vemos en la necesidad de hacer unas aclaraciones.
Para empezar, según la persona autora, el FEES y las universidades públicas son insumos empleados por dos partidos políticos nacionales para conseguir militancia. Más allá de ser un claro ejemplo de una falacia de generalización apresurada en combinación con una falacia ad populum, y por lo tanto, en lo técnico un argumento sumamente inválido, también deja muchas dudas en cuanto a su solidez. En ningún momento del artículo se emplean datos, testimonios, estadísticas, estudios o algún tipo de información que sirva como una fuente auxiliar para el sostenimiento del argumento, o bien, que al menos otorgue un respaldo. Más bien, lo que sí se presenta es una estructura conspiranoica que sigue la lógica referente a que ‘’como no tenemos pruebas de que X sea siempre falso, consecuentemente, Y es verdadero’’. A esto se le llama falacia de ignorancia.
Aunado a esto, hay que saber que las universidades públicas son instituciones del Estado con autonomía. Esto significa, por consiguiente, no solo que por ser autónomas el gobierno (sea del PPSD, PAC, PLN, PUSC o cualquier otro partido) no puede interferir por mandato constitucional, sino que además al ser del Estado, intrínsecamente deben ser apartidarios, pues responden no a un grupo, sino a un sistema. Recordemos que Estado y gobierno son dos elementos distintos, y no deben confundirse el uno con el otro.
Es cierto que hay personas de la UCR que militan en el Frente Amplio o Liberación Nacional, como también es cierto que hay personas que militan en Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Unidos Podemos, Nueva República, entre otros, como también hay personas apartidarias. Al final de cuentas, cada quién elige su partido político, y esto no depende de la institución académica. Asumirlo, es caer en estereotipos y prejuicios que se alejan de la realidad, y nada más restan credibilidad argumentativa.
Cuando hay problemas en la casa (UCR) es importante analizarlos desde adentro, así que con respecto a la pragmática y poco coherente idea de las universidades públicas que son como “fábricas de militantes” solamente del FA y el PLN, es importante que tomemos varios puntos en consideración. En primera instancia, es fundamental para siquiera considerar este “argumento”, decir que la participación en la política federativa es sumamente baja, llegando a niveles de abstencionismo que hasta para nosotros mismos son datos sorprendentes. Por otro lado, la multipluralidad y libertad participativa abundan en la UCR y lo mismo aplica en términos ideológicos o partidarios, pero a pesar de las diferencias, en nuestros años dentro de la política estudiantil nunca habíamos visto a una persona estudiante traicionar de tal manera a su casa de estudios y aún más con argumentos escuetos y nulamente sólidos.
Otro aspecto importante, y ahora como segundo mito a desmentir, es que la persona autora sugiere que las universidades públicas ‘’se han convertido en bastiones de la ideología de izquierda’’. Sumado a que es errado decir que la izquierda es una ideología, (pues es un espectro ideológico y no una ideología en sí), es errado y una falta de conciencia cívica decir que las instituciones académicas estatales se convierten en bastiones para una ideología determinada. No se puede decir que una universidad responde a un espectro político, especialmente cuando en su personal docente, bajo el amparo del artículo 87 de la constitución política referente a la libertad de cátedra, hay una gran variedad de métodos y perspectivas de enseñanza.
Hay que entender que el principal problema a la hora de hablar del FEES es no entenderlo como inversión social que apoya con beca a más del 50% de estudiantes solo en la Universidad de Costa Rica. Sin contar que denominar este presupuesto como la “caja chica del FA y PLN” no se puede entender más que como una falta de comprensión argumentativa y razonable sobre los datos que año tras año las cinco universidades públicas publican en relación con sus indicadores, alcances e investigaciones. La persona autora argumenta que deben de existir mecanismos de rendición de cuentas sobre el FEES, cuando la realidad es que esto ya se realiza no solo en la comisión de enlace en la que se negocia cada año, sino además en diferentes actividades dirigidas por las universidades.
Costa Rica se enfrenta a una falta sin precedentes de argumentos sólidos que no sean reciclados, para comprobar esto es tan simple como revisar el perfil de “X” (Twitter) de diversos políticos autodenominados “liberales” que desde 2017 usan exactamente las mismas listas de supuestos “salarios de lujo” dentro de la UCR, cuando la realidad es que entre el 2019 y el 2022, se rebajaron 7 mil millones de colones en salarios, y según el Informe Estado de la Educación del 2023, en el 2022, la tasa de crecimiento del gasto en remuneraciones en la UCR fue de un -9,0%. Al final de cuentas, esa narrativa de los ‘’salarios de lujo’’ no aplica para las Universidad de Costa Rica como sí puede aplicar, por ejemplo, para el excesivo aumento salarial del Presidente Chaves para las y los ministros.
Lo más triste de todo esto es la falta de autocrítica que existe en las personas jóvenes cuando dejamos que argumentos falsos que solo buscan desmantelar la institucionalidad pública ensombrezcan la realidad que viven miles de estudiantes. Bien es dicho que es muy fácil tirar piedras en todas direcciones cuando no vemos que nuestro propio techo es de cristal y parece ser aún más fácil hablar mal de la inversión en las universidades públicas cuando la persona que lo hace; recibe de esa ayuda para poder estudiar, mismo apoyo que es importante recordar que viene del FEES.
Les podemos asegurar que en las clases de las diferentes facultades de la UCR van a encontrar múltiples cantidades de distinciones entre las personas estudiantes. Y en lo personal en nuestras propias clases lo hemos visto, pero hasta hace menos de 6 meses nunca habíamos escuchado a nadie decir que fueran “perseguidos o silenciados” por pensar “diferente” o ser “cristianos” dentro de la UCR, acciones que cabe a aclarar de que en caso de que fueran reales, no son de recibo. Sin embargo, nos resulta extraño que una persona que ha defendido los discursos de odio homofóbicos, racistas y xenofóbicos ahora use este argumento a su favor.
La persona autora se atreve a decir que las universidades públicas ‘’censuran’’ a personas estudiantes que no concuerdan. No solo no deja claro a qué se refiere o qué define o entiende por censura, sino que emplea el término sin establecer el alcance y los límites de la libertad de expresión, como si pudiese equipararse este derecho con la limitación del discurso de odio. Hay que ser una persona muy mezquina para atreverse a alegar censura, cuando hay personas que en muchas partes del mundo son asesinadas por su oposición a regímenes autoritarios y su defensa de los derechos humanos. Hay que ser una persona muy perversa, para victimizarse porque no le permiten discriminar, cuando hay personas que mueren luchando por la libertad de expresión y por el derecho a no ser discriminadas. Hay que ser una persona muy indecente para alegar censura, cuando lo que se le está limitando es un discurso dirigido a la lesión de los derechos de las demás personas, entre ellos el derecho a formarse, aprender y educarse con calidad.
El Fondo Especial para la Educación Superior será negociado en la Asamblea Legislativa dado que es la primera vez en la historia de Costa Rica como República que el Poder Ejecutivo fue incapaz de llegar a un acuerdo con las Universidades Públicas. Pero lo que no es cierto es que simplemente se va a defender “los intereses de los partidos” o bien sea defender porque las universidades sean “fábricas de militantes para las agendas partidarias”, decir esto no es más que una falta de entender la esencia misma de la Constitución Política de Costa Rica.
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