Defensoría señaló que el MEP no cuenta con cronograma que establezca el tiempo para la intervención de los centros.

La Defensoría de los Habitantes denunció que 24 centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP) declarados patrimonio histórico están en estado crítico y con órdenes sanitarias pendientes de cumplimientos.

Tras una investigación, la Defensoría constató que el MEP cuenta con 60 inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, de los cuales 54 son utilizados como centros educativos, y 24 de estos tienen ordenes emitidas por el Ministerio de Salud.

Tres inmuebles no están siendo utilizados para uso escolar. Estos son: Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Liberia, la Escuela Justo Antonio Facio de La Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres) y la parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell.

Para la Defensoría, el Estado costarricense debe ser garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación y la salud. En un comunicado a la prensa destacaron:

El lugar en donde reciben sus estudios debe cumplir con los requisitos físico-sanitarios mínimos para su bienestar y que puedan contar con un espacio apto para desarrollar sus capacidades, así como la protección y conservación de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, parte importante de la cultura del costarricense".

La lista de centros educativos es la siguiente:

La Defensoría de los Habitantes expresó que el funcionamiento de centros educativos que son propiedad del MEP y que presentan problemas físico-sanitarios como daños en estructuras o problemas con el sistema eléctrico, atentan contra los derechos de estudiantes, docentes y demás cuerpo administrativo de las escuelas.

La Defensoría agregó que estos inmuebles tienen un gran valor patrimonial que debe ser conservado de acuerdo con la normativa nacional e internacional, por lo que es necesario priorizar el bienestar humano de quienes los utiliza.

Es esencial tomar medidas para mantener en buen estado las estructuras de estos centros educativos y garantizar un mantenimiento adecuado para preservar la seguridad y el bienestar de todas las personas".

Según la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, no se cuenta con un cronograma u hoja de ruta en la cual se establezca el tiempo para la intervención de los centros educativos con declaratoria y tampoco generan planes de inversión para estos inmuebles declarados. Estos planes se trabajan año con año ya que no se cuenta con presupuesto fijo, compartió el ente defensor.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) del Ministerio de Cultura y Juventud, se atendió los problemas en inmuebles declarados que consideran prioritarios, debido a la dinámica operativa de la DIE y los limitantes en los recursos de ese Centro y que se les dio asesoría técnica para dar solución a problemas específicos de ciertos centros educativos como la Escuela Cecilio Lindo en Juan Viñas, la Escuela de Santa Cruz de Turrialba, la Escuela el Carmen en Puntarenas.

Además, indicaron que se restauró parte de la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrazú y, asimismo, se brinda acompañamiento a la DIE en obras realizadas en el Colegio Dr. Castro Madriz, así como a la Escuela Centeno Güell en Goicoechea y, actualmente, asesora a una empresa consultora que resultó adjudicataria en el diseño de mejoras de la Escuela Tomás Guardia en Limón.

La Defensoría considera de gran relevancia que se coordine interinstitucionalmente entre la DIE, el CICPC y el Ministerio de Salud para elaborar un plan de trabajo, con su debido cronograma, en el cual de determine el estado de conservación de los inmuebles y el seguimiento a las acciones tendientes al cumplimiento de las órdenes sanitarias pendientes, con el fin de encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones.

Se debe levantar un inventario de las obras que requiere cada centro educativo y determinar el presupuesto aproximado requerido para su protección adecuada".

Asimismo, recomendaron a las instituciones continuar protegiendo el patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica, tanto declarado como el que no ha sido declarado, ya que muchas edificaciones se encuentran en peligro de ser destruidas, priorizando la protección integral de las personas menores de edad y su interés superior.