Defensoría señala que se está incumpliendo el Pacto Nacional de Educación.

A partir de los recortes propuestos por el Ministerio de Hacienda para el próximo año en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2025 (expediente 24.535), la Defensoría de los Habitantes prevé que se generarán diversas situaciones que agravarían la crisis que está atravesando actualmente el sistema educativo costarricense. Entre estas se encuentran:

  • La falta de inversión deterioraría aún más la infraestructura educativa.
  • Podría incrementarse el plazo de retraso en el pago de salarios.
  • En términos de inclusión, se verían afectadas las personas con discapacidad por la carencia de nuevos códigos docentes.
  • Se complicaría la cobertura de servicios básicos como agua y luz, así como que se acrecentarían otros problemas que enfrentan diariamente las Juntas de Educación y Administrativas.

La reacción de la Defensoría nace a raíz de una carta presentada por el sindicato de la Asociación de Directoras, Directores y Administradores del Sistema Educativo Costarricense (ADEM), la cual también fue enviada al presidente, Rodrigo Chaves Robles, a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta. En esta carta expresaron sus preocupaciones sobre los efectos nocivos que generarán los recortes de presupuesto en todos los centros educativos del país.

Por su parte, la Defensoría le ha dado seguimiento a la afectación de los derechos de las personas menores de edad, docentes y administrativas y al hecho de que el mandato constitucional del 8% del PIB no se ha cumplido durante los últimos cinco años. El año en que más se acercó fue 2019, con un 7,8%. En 2023, fue de un 6,1% del PIB, lo que, según la Defensoría, afecta directamente a los programas de equidad (alimentación y transporte estudiantil), educación inclusiva (contratación de docentes de apoyo) e infraestructura educativa (órdenes sanitarias). En el caso de los programas de equidad, el presupuesto ha disminuido exponencialmente desde el 2022. Entre el 2018 y 2022, se visualizó un crecimiento de estudiantes que obtuvieron algún beneficio, sin embargo, desde el 2023 se ha ido reduciendo la cantidad de niñas, niños, personas adolescentes y adultas.

En estos momentos, la Defensoría se encuentra realizando una investigación estructural con relación a las problemáticas que giran en torno a la gestión del talento humano por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), ya que, sostienen, perjudican a las personas trabajadoras de esa institución e impactan negativamente en su trascendental labor como responsables del sistema público de la educación de las personas costarricenses desde su niñez hasta su adultez. La Defensoría atiende a personal del MEP que solicita intervención por la inadecuada gestión y excesiva demora en el reconocimiento y pago de distintos incentivos salariales. Tales problemas tienen en común la tardanza extrema e irrazonable en el trámite, resolución y retribución económica de los reclamos de carácter administrativo.