La institución presentó una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el INAMU.

La Defensoría de los Habitantes apoyó la acción de inconstitucionalidad proveniente del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en contra del artículo 13 del Código Municipal, a razón de que dicha norma disminuyó las garantías institucionales para la consolidación de las oficinas municipales dirigidas al aseguramiento, protección y promoción de los derechos de las mujeres, lo que resultaría regresivo para esta población.

En su comunicado, la Defensoría subraya que todas las acciones que provengan del aparato estatal deben alinearse al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos derivados de los instrumentos jurídicos ratificados.

Asimismo, destaca que en materia de infraestructura y políticas institucionales para el avance de la igualdad de género, las Oficinas Municipales de la Mujer constituyen un medio accesible y disponible para toda la población femenina en su amplia diversidad. Estas instancias, subraya la Defensoría, robustecen los mecanismos nacionales de derechos de las mujeres, cuyas acciones contribuyen en el ámbito local e incluyen las responsabilidades ejercidas por el INAMU a nivel nacional, por medio de la coordinación interinstitucional.

La Defensoría apunta a que parte de los productos generados desde estas instancias, han contribuido a los esfuerzos que a nivel país debe implementar el INAMU y las demás instituciones que poseen responsabilidades derivadas del ordenamiento jurídico, así como de las metas contenidas en la Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030 y en la Política Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades.

Desde la Defensoría declararon que el fortalecimiento de estas oficinas “propicia la generación de indicadores específicos respecto a la vigencia de los derechos de las mujeres en el ámbito local, así como la recopilación de datos”. Agregaron, además, que facilita la construcción de mecanismos para atender la resistencia cultural y los prejuicios de género. Así como que refuerza la capacitación en género, la participación y el monitoreo de las políticas de género, la transparencia, la rendición de cuentas, y el acceso a mecanismos de denuncia y respuesta para las mujeres.