Gobierno confirma gestiones para blindar proyecto del PUSC que toca límites de la Zona Protectora Tivives en Caldera.
En medio de los cuestionamientos ambientales por la situación en Gandoca-Manzanillo y más recientemente en la Zona Sur del país con un plan de investigación de oro en el Parque Nacional Corcovado, el presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles afirmó que su gobierno "está comprometido con el ambiente, pero con racionalidad económica".
Así lo declaró el mandatario durante la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial este miércoles, a raíz de una pregunta sobre el criterio negativo que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitió al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 23.898, presentado por dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana, y que pretende desafectar áreas silvestres protegidas dentro de la Zona Protectora Tivives, en Caldera, incluidos manglares, para "reivindicar los derechos" de las personas que allí viven.
Chaves cedió la palabra al ministro Franz Tattenbach Capra para referirse al tema al señalar que él no tenía claro ese tema o no había sido informado al respecto.
El ministro explicó que el proyecto de ley pretende realizar una desafectación de terrenos que están protegidos sin hacer ninguna compensación, algo que es "muy complejo".
Dato D+: Por jurisprudencia constitucional reiterada a lo largo de muchísimos años, las áreas ambientalmente protegidas del Estado no pueden reducirse sin criterios técnicos, y sin que se tomen medidas de compensación.
Chaves retomó la palabra para señalar que si lo que se pretendía era desafectar 150 hectáreas "para permitir que se construyan hoteles, tiendas, casas, etcétera, lo que habría que hacer es buscar otras 150 u otra área que compense los servicios ambientales de esas 150 hectáreas, y eso no está en el proyecto de ley".
Este gobierno, a pesar del un check, el dos check [haciendo referencia al proyecto DobleCheck de la UCR] y lo que informan los otros, este gobierno está absolutamente comprometido con el ambiente, pero con racionalidad económica y no con ideologías extremas y absurdas".
El mandatario afirmó que si alguien quiere desafectar esa zona "para generar prosperidad", se debe "compensar el retroceso ambiental".
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado afirmó que el gobierno ha tenido varias sesiones de trabajo para analizar ese tema y que el criterio técnico que dio el Minae sobre esa iniciativa fue precisamente porque era una iniciativa que está en proceso de construcción.
Lo que queremos es que cuando sea ley de la república se le dé la seguridad jurídica a esas personas y que no vaya, por un problema por no haber hecho todas estas consultas a las partes involucradas como es el Minae, a tener a la hora de poner en práctica esa ley, problemas la gente, de que la ley diga una cosa pero después venga el Minae, el Sinac a demostrar que hubo una afectación. Entonces el criterio que ha presentado el Minae lo que pretende es que la norma quede considerando esos aspectos, para que no vaya a ser una ley muerta que no genere la verdadera solución".
