Acompañamiento psicológico y determinación de variables estructurales son esenciales para un abordaje integral y de protección a las víctimas.
De acuerdo con el Examen Periódico Universal Costa Rica de abril 2024 elaborado por la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, 136 mujeres acuden cada día a instancias judiciales a solicitar medidas de protección ante situaciones de violencia. Anualmente, se registran 62 mil casos en total.
La Universidad Nacional (UNA) emitió un comunicado en el cual posicionó estos datos, a raíz del contexto del reciente caso del femicidio de Loida Villalobos, de 34 años, quien fue asesinada aparentemente por su esposo en su casa en La Tigra de San Carlos, el pasado 27 de agosto. El sospecho tenía prohibición de acercarse a Villalobos; medida que incumplió al presuntamente perpetrar el femicidio.
El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la UNA, por medio de su académica y abogada especialista en derechos humanos, Larissa Arroyo, se dio la tarea de analizar el entorno de exposición que sufren las víctimas de violencia de género y la efectividad de las medidas cautelares.
Para Arroyo, se debe contemplar que el Estado se encuentra en la obligación de acatar lo que disponen las leyes sobre este tema y en consecuencia, garantizar la correcta implementación de las medidas. No obstante, la experta considera que el Estado no está accionando lo suficiente para resguardar la seguridad de la víctima, más allá de la denuncia presentada. Precisamente, es en ese momento que debe determinarse la magnitud de cada caso particular y, con ello, dar propuestas sobre los abordajes económicos, de acompañamiento psicológico, laboral, educativo y de vivienda.
Arroyo agregó:
Pensemos en esos 136 casos diarios y lo que puede significar a nivel institucional. Porque entonces voy a necesitar a una policía y a un Poder Judicial, capacitados. Por eso es por lo que, para mí, es muy importante que no solo hablemos de las medidas cautelares, pues no es así como vamos a llegar a las verdaderas causas”.
Otra situación que alertó Arroyo corresponde a que las mujeres deben enfrentar los mitos y estereotipos alrededor del tema de la violencia dentro de los mismos encuadres institucionales. En varias ocasiones, las denuncias son tramitadas por personas funcionarias que carecen de perspectiva de género y por ende, de la sensibilidad y empatía necesaria.
La experta, además, subrayó que denunciar siempre será un paso necesario e imprescindible, y se debe analizar cada caso por aparte y determinar lo que puede implicar para la víctima:
Si se tratara de mi amiga, de mi vecina, de mi prima, mi consejo es que plantee la denuncia, pero que, en la medida de sus posibilidades, piense en un plan previo, porque no es lo mismo si ella convive con la persona o no, si depende económicamente de él, si tienen hijos o si padece alguna enfermedad. Todas estas variables hay que considerarlas”.
De igual forma reconoció que, dependiendo de las circunstancias, puede ser que a la persona no le dé tiempo de planificar previamente; por ejemplo, si la agresión se consume intempestivamente. Arroyo aconsejó:
Llamar de manera inmediata al 911, porque ellos tienen el personal entrenado para intervenir y trasladar a la víctima a un lugar seguro que puede ser un albergue o donde un familiar”.
Asimismo, en el comunicado de la UNA agregaron la posición de Arroyo sobre la importancia de garantizar el patrocinio legal a las mujeres víctimas de violencia doméstico, criterio recomendado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su octavo informe del Estado costarricense.
Iniciativas en materia de violencia de género son de suma relevancia, según la experta. Como, por ejemplo, la ley 10.347 que adiciona un artículo a la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) en aras de promover convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento y acompañamiento legal gratuito a mujeres.
Por otro lado, el expediente 24.303, que se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y su finalidad es cumplir con las disposiciones de la CEDAW al crear un “régimen de reparación integral para familiares y dependientes que han sobrevivido a un femicidio y que incluye asistencia médica, psicológica y representación jurídica”.
Por último, Arroyo hizo un llamado a que el país avance en estrategias interseccionales para reconocer las diferentes formas que las mujeres sufren violencia de género y sus condicionantes.
