Diputaciones consideraron que también es necesario avanzar en la vía de endurecer penas por delitos ambientales.

Las diputaciones de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminaron de forma positiva un proyecto de ley que pretende fortalecer a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y a las demás autoridades encargadas de perseguir los delitos ambientales de las herramientas jurídicas necesarias para investigar estas conductas ilícitas cuando son cometidas por redes de crimen organizado.

El expediente 23.952, presentando por el frenteamplista Ariel Robles Barrantes y respaldado por su fracción, pretende reformas sobre la Ley Forestal, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley de Pesca y Acuicultura, y la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas.

En todas se busca introducir cambios en artículos para que las violaciones sobre estas, cuando sean cometidas por un grupo estructurado de dos o más personas y que hayan actuado con el propósito de cometer dichos delitos, tengan un incremento en la pena de prisión del 50%. 

La votación finalizó con cuatro votos positivos y uno en contra. A favor de la iniciativa de ley votaron el frenteamplista Ariel Robles Barrantes, Kattia Cambronero Aguiluz del Liberal Progresista, Manuel Morales Díaz del oficialismo, y la independiente María Marta Padilla. En contra votó la liberacionista Alejandra Larios Trejos. 

Al respecto, Robles Barrantes aclaró que esto no aumenta las penas, solo es un agravante ante los actos de delictivos.

Lo que hace es que la cobertura de los delitos ambientales, al pasar de categoría en la terminología a graves, implicaría entonces, bajo esa terminología, que la Fiscalía Agrario Ambiental puede utilizar las herramientas del crimen organizado para poder profundizar sobre los procesos de investigación".

El legislador del FA agregó que bajo esta figura, por ejemplo, podrían investigar temas como la minería en Crucitas, porque al ser un proceso con la figura de crimen organizado, se podría utilizar las escuchas telefónicas para saber si ese es un comportamiento solamente de una persona individual o es que está instrumentalizado con fines específicos para cometer delitos ambientales.

La Fiscalía Agrario Ambiental ha tenido interés de que se puede avanzar en esta legislación. Es importante en este momento histórico en el que nos encontramos".

Por su parte, Kattia Cambronero Aguiluz afirmó que, pese a ser un tema de agravantes, sí es importante que Costa Rica comience a hablar de endurecer las penas en materia de delitos ambientales.

Esa es una necesidad y una deuda que en ese momento se tiene en el país y es un tema de reflexión. Creo que este proyecto contribuye a la necesidad de ser más rígidos en las penas en materia ambiental y eso sin duda será una discusión que tendremos que dar en esta Asamblea Legislativa, si es que queremos seguir protegiendo el ambiente como lo hemos hecho durante tantos años en Costa Rica".

La congresista del PLP destacó que es importante que se legisle en materia de que las personas que hagan actos que van en contra de los recursos ambientales tengan que pagarlo, y ejemplificó con lo sucedido recientemente en la zona del Caribe del país. 

Mientras que la diputada independiente María Marta Padilla Bonilla recordó que según Alejandro Alpízar, fiscal de la Fiscalía Junta Ambiental del Ministerio Público, hay organizaciones criminales que se dedican a la tala ilegal debido a que los delitos ambientales no califican como crimen organizado y que ante las bajas penas impuestas por este delito continúan afectando al ambiente.