Desde la UNA destacaron que el tema de la inseguridad no se debe valorar solo desde la violencia física, sino también a partir de la violencia simbólica y estructural.
Durante la realización del foro: “Inseguridad ciudadana y violencia en Costa Rica”, organizado por la Vicerrectoría de Extensión y conducido por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), Rosaura Chinchilla, jueza del Poder Judicial, indicó que los discursos de populismo imperantes en América Latina, incluida Costa Rica, se podrían clasificar en furia, enojo y baja densidad; donde el enojo apela a la destrucción de la institucionalidad, esencial para combatir la inseguridad, así como incitar a la violencia y fortalecer temas de mano dura en las diferentes regiones. Asimismo, en nombre del populismo de baja intensidad se promueven modificaciones meramente normativas y cosméticas que no atacan los orígenes y causas reales de la inseguridad.
Rosaura Chinchilla, jueza en materia penal desde 1992.
Chinchilla explicó que una de las manifestaciones populistas imperantes en Latinoamérica son las relacionadas con la promulgación de penas severas. En ese sentido, la jueza acotó que a inicios de los 90 en la región se duplicaron las penas de 25 a 50 años y se crearon penas únicas para la población penal juvenil:
Dos décadas después, la criminalidad sigue en aumento y se demostró que esos discursos son inútiles; no obstante aún se apela a ellos. Los temas de mano dura de autoritarismo instaurados en la región se reflejan como reformas cosméticas”.
Por otra parte, la jueza agregó que una disminución en la educación, en las políticas de empleo y en el uso de espacios de recreación para las comunidades, entre otros, impacta de forma severa en los otros órdenes, lo cual se debe combatir.
Para Chinchilla, el tema de la seguridad en el país debe abordarse desde una perspectiva general y global, que incluya la política social y económica:
No se puede abarcar de forma aislada, sin tener relación con la educación e inversión social, porque los estaríamos afrontando mal”.
Durante el foro también participaron como panelistas Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública, Patricia Vargas González, magistrada de la Sala III y Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Modernizar las leyes
En su participación en el foro, el ministro de Seguridad Pública, expresó que en medio de la crisis de inseguridad que se vive en la actualidad no se ha perdido la esencia democrática, dado que se enfrenta al crimen organizado desde el Estado de Derecho y por eso el reclamo de modernizar las leyes. Zamora detallo:
Hace pocos días capturamos en alta mar un navío con dos toneladas de droga que venía para Costa Rica. Y justamente el capitán de ese navío había sido detenido en el 2018, trasegando una tonelada también hacia nuestro país. Esto nos indica que las leyes pensadas en la resocialización del delincuente están siendo utilizadas por el crimen organizado para acortar las penas, los tiempos en prisión y además seguir delinquiendo. Es decir, las medidas resocializantes no cumplen con el objetivo para el que fueron diseñadas”.
El jerarca de Seguridad Pública llamó la atención a la Asamblea Legislativa porque según afirmó el núcleo duro de la legislación que debe aprobarse es el que no avanza, y añadió:
Se avanzan en leyes no contradictorias, las cuales no generan mayor conflicto y con eso nos engañamos solos, creyendo que se toman las medidas necesarias para resolver la situación, cuando las verdaderas medidas resolutivas están todavía en un impase, sin avanzar en la corriente legislativa”.
Mencionó que más allá de una nueva Constitución se requieren leyes penales adaptadas a la realidad criminológica actual, pues se cuenta con un Código Procesal Penal vigente elaborado en 1998, en otra realidad distinta, cuando no existía la problemática de sicariato y criminalidad organizada en el país.
Por su parte el director del OIJ, instó a los estudiantes universitarios a incrementar la investigación académica en materia de seguridad en Costa Rica.
Patricia Vargas González, magistrada de la Sala III.
La magistrada Vargas comentó que el hecho de pensar que la delincuencia se resuelve con más leyes es limitar la búsqueda de respuestas que permitan a la sociedad recuperar la tranquilidad y tratar de alguna manera de resolver esas causas estructurales, y agregó:
Hay que entender que la represión sin prevención no funciona. Usted puede endurecer las leyes y penas ya existentes, hasta crear nuevos delitos y la delincuencia permanecerá en este país”.
Vargas precisó que más bien es necesario apostar por medidas que permitan superar las brechas sociales y de exclusión social, así como abrir espacios para que todas las personas puedan avanzar. Vargas precisó:
Si pensamos que a través de la represión se soluciona el problema es una apuesta equivocada e incluso peligrosa porque puede generar el desencanto de la ciudadanía en esa respuesta que a la larga sabemos que no dará los resultados deseados”.
La magistrada señaló que en cambio apostar por la educación garantizará una sociedad más igualitaria para las futuras generaciones:
Si tenemos una educación débil, tendremos menos oportunidades para la sociedad. Por eso necesitamos invertir en educación, seguridad y prevención”.
