El plenario aprobó este martes en primer debate un proyecto de ley del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez y su compañero liberacionista Danny Vargas Serrano, para incluir una nueva causal para impedir o anular la adquisición de la nacionalidad costarricense que haga un extranjero.
La iniciativa tramitada en el expediente 23.800 reforma la Ley de Opciones y Naturalizaciones del año 1950, y aunque inicialmente se planteó que aplicara solo para condenas por delitos de tráfico de drogas o lavado de dinero, tras meses de discusión y negociaciones la Asamblea acordó que la medida aplique para todos los delitos dolosos cuya pena supere los tres años.
Según el texto que recibió el respaldo unánime afirmativo de los 42 congresistas presentes al momento de la votación, no serán elegibles para obtener la nacionalidad costarricense, o la perderán si ya la tienen, los costarricenses naturalizados que en los 10 años previos hubiesen tenido una pena de prisión superior a tres años por delitos dolosos, siempre y cuando la sentencia esté en firme y el acto delictivo (si fue cometido y juzgado en el extranjero) esté reconocido como tal en la legislación costarricense.
La medida aplicará tanto para sentencias impuestas dentro como fuera del país.
Si la persona que está solicitando la naturalización como costarricense tiene procesos judiciales penales pendientes dentro o fuera de Costa Rica, su gestión administrativa deberá suspenderse hasta que se cuente con sentencia firme y definitiva, de modo que se impida que los solicitantes obtengan la naturalización mientras están involucrados en procesos legales que puedan afectar su idoneidad para ser ciudadanos naturalizados.
En términos de excepciones a la negación de la naturalización, el proyecto establece tres categorías específicas de personas que quedan exentas de dicho impedimento. Estas incluyen a las personas refugiadas, apátridas y asiladas, siempre y cuando cumplan ciertos criterios adicionales. Por ejemplo, las personas refugiadas que tengan antecedentes penales previos al otorgamiento de la categoría de refugio pueden ser eximidas de la negación de naturalización si la causa de persecución en su país de origen radica precisamente en esa condena.
Asimismo, se establece una excepción para personas apátridas y asiladas que cuenten con antecedentes penales previos a la declaración de su condición, siempre y cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores tuviera conocimiento de la condena al momento de la declaración y haya decidido otorgarles la condición de apátrida o asilado a pesar de ello. Estas excepciones buscan reconocer situaciones especiales en las que la persecución o la falta de reconocimiento nacional pueden haber contribuido a la situación legal de la persona solicitante.
Finalmente el proyecto hace una enmienda al artículo 18 de la misma ley para establecer que, si en cualquier momento se detecta que el individuo naturalizado suministró algún dato falso o fue condenado antes por un delito doloso en los términos inicialmente señalados, el Registro Civil procederá a anular su carta de naturalización, previa gestión de la Procuraduría General de la República y audiencia a la persona en cuestión.
Rodrigo Arias fijó la fecha para el segundo y último debate el próximo jueves 8 de agosto.
Breves
— El exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres, criticó el plan del gobierno del presidente Rodrigo Chaves para instalar cárceles de carpas, calificándolo como una "ocurrencia abominable" que afectará el erario público. Sánchez hizo estas declaraciones ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde comparó el plan con el polémico proyecto de la cárcel Terrazas II, y señaló que si aquel diseño erróneo fue desechado, el de las carpas es aún menos viable por problemas de seguridad y altos costos de mantenimiento.
El gobierno incluyó 2684 millones de colones en el quinto presupuesto extraordinario de 2024 para financiar la instalación de estas estructuras, sin que el Ministerio de Justicia y Paz haya presentado estudios técnicos que respalden la propuesta.
El exviceministro también cuestionó la experiencia de la empresa Datasys, que presentó el plan al gobierno, y señaló que las carpas podrían ser más vulnerables a daños y ataques comparadas con las cárceles tradicionales de concreto y acero.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gerald Campos, defendió el plan ante la comisión diciendo que si no se implementa el sistema penitenciario colapsará, al tiempo que admitió que la idea fue sugerida por Arturo Salazar, gerente de Datasys, quien recomendó a la empresa española ARPA para la implementación del proyecto. Campos y su equipo visitaron ARPA en España durante una gira oficial.
— Con 47 votos a favor y 0 en contra se aprobó cancelar la sesión ordinaria del plenario de este miércoles 7 de agosto destinada a reformas constitucionales, y en su lugar sesionar de forma extraordinaria en el horario ordinario para conocer varios proyectos de ley ordinarios.
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó cancelar la sesión ordinaria del plenario del miércoles 14 de agosto y en su lugar sesionar de forma extraordinaria en el horario ordinario, para conocer el expediente 24.199 "Ratificación o no del nombramiento de los jueces del Tribunal Registral Administrativo".
