En la movilización se reiteró la importancia de garantizar el 8% del Producto Interno Bruto para la educación.

La mañana de este miércoles 28 de agosto miles de personas marcharon desde diferentes puntos de la capital para encontrarse en las afueras de la Asamblea Legislativa.

Bajo el lema "Educación hoy, paz mañana", caminaron con distintas consignas, como la solicitud del 8% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo establece la Constitución Política.

Cartel utilizado este miércoles 28 de agosto en la marcha por la educación. Fotografía: Sofía Quesada-UCR

El llamado a la manifestación se dio luego de que el Gobierno decidiera finalizar las negociaciones con el Consejo Nacional de Rectores (Conare) para definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2025 sin llegar a un acuerdo.

Ahora las universidades públicas deberán negociar el FEES en la Asamblea Legislativa, por primera vez en la historia del país.

En ese contexto, el magisterio nacional, las federaciones estudiantiles, las universidades públicas, las organizaciones agrupadas en la Mesa de Diálogo Social y Productivo y demás entidades entregaron un documento a la Asamblea Legislativa.

Representación estudiantil, del sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, del Consejo Nacional de Rectores, entre otros, hicieron entrega del documento. Fotografía: Dennis Castro-UCR.

Este también iba dirigido al presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles; a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro; al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; a la contralora general, Marta Zúñiga Acosta; a la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi; y a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert. 

Los manifestantes señalaron que el país vive la crisis educativa más grande de los últimos 40 años y que para solventarla se requiere de un "Pacto Nacional por la Educación Pública".

Este, en su opinión, debería promover la universalidad, pertinencia, accesibilidad y calidad de los servicios de educación pública, ya que son el pilar de la democracia, garantía de la paz social y la libertad política.

Parte de la manifestación salió de la Universidad de Costa Rica. Fotografía: Laura Rodríguez-UCR.

En detalle el documento insta a las distintas autoridades a:

  • Lograr un Pacto Nacional por la Educación Pública que nos permita salir de la actual crisis y fortalecer nuestro sistema educativo como pilar fundamental de la democracia.
  • Alcanzar progresivamente la inversión para la educación pública establecida en el artículo 78 de la Constitución Política: un 8% del PIB antes de que concluya la década.
  • Avanzar hacia una transformación tributaria estructural para fortalecer la inversión social, con el fin de garantizar el financiamiento de los programas sociales, el cumplimiento del mandato constitucional para la educación pública y una mejor distribución del ingreso y permita al mismo tiempo atender el endeudamiento del
  • Aplicar las políticas educativas y curriculares.
  • Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías nacional e internacionalmente reconocidas.
  • Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.
  • Reapertura de los más de 000 centros educativos cerrados por orden sanitaria o técnica.
  • Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura.
  • Avanzar en la universalización del currículum educativo en
  • Crear la red nacional de conectividad.
  • Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas, velando por el uso idóneo de sus recursos a fin de mejorar la capacidad de los comedores escolares, los servicios de transporte y las becas.
  • Aprovechar las proyecciones demográficas para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.
  • Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo
  • Alcanzar un descongelamiento salarial del sector público que mejore la calidad y gestión.
  • Generar un acuerdo de negociación quinquenal que fije metas para progresivamente cumplir con el 1,5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación.
  • Liberar la inversión en educación pública de la regla fiscal.
  • La formación inicial y continua que reciben las personas docentes es deficiente, ya que no se corresponde con las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad Por lo tanto, es fundamental, que se brinde al personal docente una formación inicial y continua que responda a las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad presente, así como la implementación del enfoque de derechos humanos en el proceso educativo y su entorno.
  • Comprender que invertir en educación es también invertir en democracia, trabajo digno, inclusión social, derechos humanos, salud integral, equilibrio con la naturaleza, fortalecimiento de la institucionalidad pública, seguridad alimentaria, servicios públicos de calidad y todos los demás componentes de nuestra agenda.

Los manifestantes señalaron que el país vive la crisis educativa más grande de los últimos 40 años, y ante eso se necesita un "Pacto Nacional por la Educación Pública".   Fotografía: Laura Rodríguez-UCR.

Moción de respaldo

Las organizaciones indicaron que para lograr consensos en torno a cómo resolver la actual crisis educativa es necesario contar con voluntad política del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Por lo tanto, solicitaron al congreso la presentación de una moción de respaldo al Pacto Nacional por la Educación Pública.

En ese sentido proponen crear un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión y aprobación del presupuesto de educación en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con la intención de aportar los insumos para velar por adecuado el cumplimiento de la normativa constitucional de la inversión en educación.

Además, las organizaciones agregaron que lanzarán una consulta ciudadana mediante un formulario en línea, abierto a las personas y organizaciones de todo el país, para enviar ideas y propuestas dirigidas a atender diferentes manifestaciones de la crisis educativa.

Detallaron que estas pueden ser propuestas de alcance comunitario, local, regional o nacional; así como propuestas concretas o de carácter más estructural.

"Estas propuestas, así como otras elaboradas previamente por sectores sociales y productivos, se analizarán y sistematizarán para ser la base de discusión durante un congreso, a realizarse en noviembre del presente año, que culminará con la redacción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública", señala el documento.

Este pacto tendrá como base un documento detallado que incluirá un inventario de estrategias, herramientas, acciones y buenas prácticas para enfrentar la crisis educativa. Cada acción estará claramente definida, con responsables asignados, plazos específicos y los recursos necesarios para su implementación. El pacto servirá como hoja de ruta para guiar los esfuerzos conjuntos en la mejora del sistema educativo en su conjunto".

En síntesis, indicaron que buscan convertir la crisis en una oportunidad para realizar un cambio profundo para mejorar el sistema educativo en todos sus niveles, reducir las desigualdades y una transformación tributaria justa que fortalezca el sistema de bienestar en Costa Rica.

Una vez a las afueras de la Asamblea Legislativa, diputaciones del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional recibieron a los manifestantes.

El presidente de la Asamblea Legislativa recibió a los manifestantes en su llegada al Congreso. Fotografía: Brando Santos.

Otras demandas

Además, presentaron una agenda aparte a la educativa, donde se tocaron disconformidades locales, ciudadanas, gremiales, sectoriales, generacionales, de género y etnia, a propósito de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las cuales consideran que se han venido acrecentando en el tiempo e impactando en el debilitamiento del Estado y sus normas.

Entre estas demandas está la defensa del agua y el saneamiento, la lucha por la seguridad y soberanía alimentaria, el resguardo del modelo nacional energético sostenible, la defensa de la Naturaleza y sus defensores ambientales; la seguridad y estabilidad de nuestros servicios públicos para la población y el desarrollo nacional. Además de atender la salud, seguridad y previsión social.