Sala IV acogió un recurso de amparo y ordenó entregar la información actualizada de estadísticas penitenciarias.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, acogió el pasado 16 de agosto un recurso de amparo (tramitado bajo el expediente 24-017882-0007-CO) presentado por el juez penal Mario Rodríguez Villegas contra el Ministerio de Justicia y Paz, por omitir la actualización de las estadísticas penitenciarias.
Según se señala en el expediente, el juez penal solicitó el pasado 5 junio los datos sobre la cantidad de personas privadas de libertad, así como el porcentaje de hacinamiento carcelario, sin embargo, nunca recibió respuesta a esa solicitud por parte de la Dirección de Adaptación Social.
En el recurso presentado el juez penal señaló:
Mientras la web del Ministerio de Justicia (…) menciona que, la cifra de sobrepoblación penitenciaria es de 7.4%, con una población de 14.853; el Departamento de Estado de EE. UU. señaló un 12% y, recientemente, en una entrevista (Diario Extra), el señor viceministro mencionó la cifra de 16%. Este tema es clave, no solo para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, sino para no perder la gobernabilidad sobre los centros penales. Además, entiendo que ustedes comprenden la importancia de la transparencia que debe existir en este tópico, por ello, les solicito la actualización regular de los datos en la página web antes señalada. Lo anterior, lo hago en mi calidad de ciudadano, pero, sobre todo, como juez penal de la República”.
Según señala el fallo en este amparo, la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz omitió contestar el recurso para defenderse de lo acusado.
Dato D+: El director de Adaptación Social al momento de la solicitud era Juan Carlos Arias Agüero, quien desde el pasado 1 de agosto asumió como viceministro de Justicia, y en su sustitución se nombró a Alexander Bolaños Córdoba.
Tras el fallo la Sala Constitucional le dio a la Dirección General de Adaptación Social diez días para entregar la información solicitada por el juez penal.
