El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate de primera legislatura la reforma constitucional presentada por el oficialismo para habilitar la extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.

La iniciativa, que se tramitó bajo el expediente 23.701, recibió el voto unánime afirmativo de los 39 presentes y ahora será enviado para su revisión obligatoria ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

De recibir el visto bueno de la Sala IV y pasar las cuatro votaciones que le restan en la Asamblea, el artículo 32 de la Constitución se leería en adelante así:

"Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes".

La Comisión Especial que dictaminó la reforma constitucional debatió tras la fase de audiencias si ampliar la lista de delitos contemplados en la reforma para hacerla más extensa, sin embargo, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un criterio legal cerrando esa puerta al señalar que el oficialismo redactó la propuesta, tanto en su propuesta de artículo como en la exposición de motivos, solo para dos delitos.

Los magistrados constitucionales tendrán ahora la tarea de ponderar los fines de la reforma y la basta jurisprudencia que ha emitido esa sala en la que se dicho que en Costa Rica no procede la extradición de sus nacionales, inclusive a la luz de la jurisprudencia sobre las "normas pétreas", con la cual la Sala había determinado que una reforma constitucional parcial no podía limitar o disminuir los derechos consagrados en la Constitución.

Durante el debate en comisión, sin embargo, los juristas consultados señalaron que ese artículo constitucional se refería al extrañamiento, o expulsión con fines políticos, y no a la extradición. Sin embargo, lo cierto es que en múltiples sentencias, la Sala usó ese mismo artículo para reiterar que en Costa Rica la extradición de sus ciudadanos no era permitida.

Una vez enviada la consulta y recibido en el tribunal el expediente certificado de la propuesta de enmienda constitucional, los jueces tendrán un mes plazo para dictaminar sobre su procedencia o no. De ser afirmativo la Asamblea podrá darle segundo debate de primera legislatura y deberá esperar al mensaje presidencial de mayo de 2025 para poder darle los tres debates de segunda legislatura necesarios para que la propuesta pueda implementarse.

De pasar todos esos procedimientos y llegar a promulgarse, la reforma no entraría en efectos inmediatos, pues aún será necesario enmendar varias leyes internas y renegociar tratados de extradición con múltiples países, para permitir la extradición de costarricenses.

Breves

Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.426 "Autorización a la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (Recope) para que done, a favor del Ministerio de Seguridad Pública, una propiedad ubicada en el Partido de San José para construir una nueva delegación policial en Barrio La California". 

La iniciativa pretende que el terreno donde antes operó la bomba "La Primavera" pase a ser del Ministerio de Seguridad Pública para que se construya allí la "Delegación Policial El Carmen" con los fondos del Contrato de Préstamo N.º 4871/OC-CR, suscrito entre Costa Rica y el BID el 17 de marzo de 2020, por un monto hasta de 100 millones de dólares, destinados a financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.

El terreno mide 1197,17 m² y la bomba fue operada por la empresa Rodríguez Valverde Hermanos Ltda. a modo de arrendamiento a Recope, después de que 1975, vía decreto ejecutivo, se entregara a manos privadas la venta final del producto en las estaciones de servicio. Aunque la medida llevaba aparejado que la empresa estatal vendiera los terrenos de las estaciones que antes estaban a su nombre, vía licitación, Recope no cumplió con ello en al menos una decena de casos, incluido el de la bomba "La Primavera".

Tras un litigio en el Contencioso Administrativo donde se ratificó que el terreno era de la empresa estatal, la bomba cerró operaciones en el año 2011 y desde entonces la estructura quedó abandonada y deteriorándose.