Irregularidades se presentaron en trámites del Proceso Especial de Protección de niños, niñas y adolescentes.
La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y ministra de Niñez y Juventud, Kennly Garza Sánchez, anunció en la conferencia de prensa de este miércoles, que la institución que ella dirige presentó una denuncia en el Ministerio Público y dictó medidas cautelares contra siete personas funcionarias por supuestas irregularidades en el Proceso Especial de Protección de niños, niñas y adolescentes.
Según informaron desde el PANI, la denuncia judicial fue interpuesta en el 2023 por supuestas irregularidades en las acciones psicosociales y legales que se dictan para garantizar la atención integral de las personas menores de edad, y las medidas cautelares, dictadas durante el mes anterior, ordenan la suspensión de labores a las siete personas en diferentes partes del país.
Desde el PANI explicaron que el Proceso Especial de Protección se refiere a todas las acciones psicosociales y legales que dicta la administración para garantizar el interés superior de la persona menor de edad, e incluye el dictado de medidas de protección que van desde la orientación, apoyo y seguimiento, hasta el cuido provisional en familias sustitutas y el abrigo temporal en entidades públicas y privadas. Este procedimiento garantiza el principio de defensa y debido proceso sobre las decisiones administrativas que pretenden resolver algún conflicto sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Durante la conferencia de prensa la ministra explicó:
Empezamos a advertir que habiendo procedimientos demarcados por la ley y la legalidad para la protección de personas menores de edad, se empieza a identificar que algo no está sucediendo de forma correcta, saltando procedimientos y haciéndose presumibles ubicaciones irregulares de personas menores de edad bajo el argumento de protegerlas".
La ministra Garza añadió:
Esta administración es cero tolerante a las supuestas faltas de los funcionarios y tomará todas las medidas administrativas y judiciales que correspondan. El accionar del PANI y cada uno de las personas que laboramos, debe responder al interés superior de cada niño, niña y adolescente. Por ello, supervisar de manera constante que, cada decisión administrativa del Proceso Especial de Protección responda a este interés, es prioridad”.
Adicionalmente, el PANI señaló que presentarán una modificación al proyecto de ley 23.672 (Mejoramiento de la gestión y fortalecimiento del Proceso Especial de Protección en aras de su desinstitucionalización) con el fin de monitorear y supervisar la condición de los niños, niñas y adolescentes en las alternativas de protección, la permanencia de las medidas de cuido provisional y abrigo temporal y una revisión periódica de su condición legal, tanto administrativa como judicial.
Asimismo, la institución añadió que en el marco del trabajo conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se desarrollará, con el apoyo de un auditoraje externo, un nuevo modelo de acogimiento familiar con el fin de fortalecer esta alternativa que garantiza a las niñas, niños y adolescentes crecer en una familia como el mejor entorno protector y el espacio para su desarrollo integral.
