En una democracia participativa, el diálogo y la colaboración entre los representantes del pueblo y las diversas organizaciones de la sociedad civil, son pilares fundamentales para la consolidación de un Estado que sea tanto inclusivo, como efectivo.
Sin embargo, en Costa Rica, he podido ver con consternación en el ejercicio de mis servicios profesionales, una preocupante tendencia entre algunos despachos de Padres y Madres de la Patria que, sin explicación respetable o creíble –la mayoría de las veces-, justifican vez tras vez y a lo largo de meses, problemas de diversa índole, postergando la oportunidad de una audiencia a las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en entredicho la verdadera vocación de servicio y el compromiso democrático.
Desconexión con la Sociedad Civil
Para nadie es un secreto que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la representación y mediación de intereses y necesidades específicas de la ciudadanía, que muchas veces no están suficientemente cubiertas o atendidas por el Estado: desde la defensa de derechos esenciales, hasta la protección del medio ambiente, estas organizaciones procuran y aportan conocimiento especializado y una perspectiva crítica, a los procesos legislativos. Todo esto sin dejar de lado que la mayoría de sus Juntas Directivas trabajan por pura vocación de servicio y preocupación por un mejor país, sin percibir ningún honorario, lo cual las hace doblemente dignas y merecedoras de atención.
Ignorar o procrastinar sus solicitudes de audiencia y diálogo abierto, no solo se constituye en una lamentable muestra de desdén e irrespeto hacia la admirable labor de estas organizaciones, sino que, también, es una pérdida de oportunidades para poder enriquecer la noble e importante labor de Legislar, con aportes que sean valiosos, críticos y fundamentados, que también sean parteaguas de consideración en la búsqueda y cimentación de consensos sociales.
Una obligación moral
Si bien alguien se podría allegar y afirmar que ni la Constitución Política de Costa Rica, ni la Ley General de la Administración Pública imponen ninguna obligación legal explícita para que los legisladores atiendan a las organizaciones de la sociedad civil, el espíritu de la democracia participativa, claramente englobado en los artículos 9 y 105 de nuestra Carta Magna –entre otros-, sí lo sugiere.
Los legisladores, al ser electos por el pueblo, tienen el imperativo moral de escuchar todas las voces y considerar todas las perspectivas, para tomar decisiones que estén bien informadas, y que sean equilibradas y justas. La falta de vocación de servicio se evidencia cuando los despacho de los representantes populares se cierran al diálogo, o lo obstaculizan a lo largo de meses de justificaciones en que no concretan fecha de audiencia, y no aprovechan las oportunidades para interactuar con estos actores clave de la sociedad quienes, indirectamente, les dieron una oportunidad de cuatro años, para honrar la curul.
Consecuencias de la indiferencia democrática
La indiferencia de algunos despachos de las y los legisladores hacia las organizaciones de la sociedad civil, no solo afecta la calidad y credibilidad de la noble labor de legislar, sino que también profundiza el deterioro de la confianza pública en las instituciones democráticas. Los ciudadanos, al votar, lo hacen esperando que sus representantes populares sean accesibles y estén dispuestos a escuchar, especialmente cuando se trata de temas que afectan directamente la calidad de vida de un grupo importante o de la sociedad, en general.
Un llamado a la acción
La falta de compromiso con el diálogo, la inclusión y la escucha activa y respetuosa, puede debilitar las bases de nuestro sólido sistema democrático, si lo que se genera es descontento y desconfianza.
Para fortalecer nuestro modelo, es necesario que las Madres y los Padres de la Patria –y sus despachos- reconozcan la importancia de su papel como servidores públicos y se abran al diálogo con todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, toda vez que la participación ciudadana es un derecho, y también una herramienta esencial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Da gusto asistir a reuniones con jefes o exjefes de bancada, tan humildes y cercanos al sentir de las organizaciones de la sociedad civil, que el intercambio respetuoso acaba siendo edificante y constructivo para todas las partes. Cosa que no sucede en muchos otros despachos.
Si bien el ritmo de trabajo propio de la labor legislativa es vertiginoso, las organizaciones sociales aprecian y reconocen el valor de legisladores que, a pesar de sus abultadas agendas, siempre sacan el tiempo para atenderles en persona, y escucharles con cariño y respeto, en la serena intención de seguir, no solamente, construyendo un tejido social más fuerte sino, lo más importante, una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa.
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