Un Recurso de Amparo Destapa Falta de Responsabilidad Administrativa
En el contexto actual de lucha por la equidad y los derechos de las personas con discapacidad, resulta alarmante observar la falta de cumplimiento de las normativas legales que buscan garantizar la inclusión y la consulta adecuada a las organizaciones con discapacidad.
El recurso de amparo presentado por Yordi Magín Sotomayor Mora, a favor de la Asociación Pro Defensa de Derechos Sordos Costa Rica expediente No. 24-023907-0007-CO, destaca una situación preocupante en la Municipalidad de Guatuso, que revela una brecha significativa en la administración pública en relación con la Ley 7600.
En el mismo expone que la solicitud de investigar el cumplimiento del artículo 13 de la Ley 7600 fue desestimada por el Concejo Municipal de Guatuso. Este artículo es fundamental, ya que obliga a las instituciones a consultar con organizaciones de personas con discapacidad en la planificación y ejecución de servicios relacionados con sus necesidades. La negativa del Concejo Municipal, bajo el argumento de la falta de auditor interno desde 2021, no solo es una falta de responsabilidad administrativa, sino una grave violación de los derechos de las personas con discapacidad.
La Ley 7600, que busca promover la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para las personas con discapacidad, establece un marco legal claro para asegurar que estas personas sean consultadas y sus necesidades consideradas en la toma de decisiones. La decisión del Concejo Municipal de Guatuso de no dar curso a la solicitud debido a la falta de un auditor interno es una excusa que socava la esencia de la ley. Esta situación no solo afecta a la Asociación Pro Defensa de Derechos Sordos Costa Rica, sino que también perjudica a toda la comunidad de personas con discapacidad, que ven cómo sus derechos son desestimados por la inacción administrativa.
Es imperativo que las instituciones públicas asuman la responsabilidad de cumplir con las leyes, normativas que garantizan la inclusión y la accesibilidad. La falta de un auditor interno no debería ser un impedimento para que se respeten los derechos fundamentales. En lugar de esperar a que se nombre un nuevo auditor, el Concejo Municipal debería haber tomado medidas proactivas para cumplir con sus obligaciones legales y garantizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan directamente.
Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las instituciones públicas para asegurar que cumplan con la legislación en materia de discapacidad. La implementación efectiva de la Ley 7600 requiere un compromiso real por parte de los funcionarios públicos para garantizar que las personas con discapacidad sean escuchadas y que sus derechos sean respetados.
En conclusión, hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas para remediar esta situación y garantizar el cumplimiento de la Ley 7600. La inclusión y la igualdad de oportunidades no deben ser negociables; deben ser una prioridad en la administración pública. Es hora de que las instituciones asuman su responsabilidad y trabajen de manera efectiva para asegurar un entorno inclusivo para todos.
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