La educación, uno de los pilares de nuestro Estado costarricense, es esencial para procurar el desarrollo, promover el bienestar y fomentar el crecimiento del país. La educación pública, en particular, ha sido una de las conquistas fundamentales que nos permiten gozar de una Costa Rica de oportunidades, con estabilidad económica, política y social. La educación es un derecho tutelado en nuestra Constitución Política y su garantía es una responsabilidad del Estado.

Cuando nos referimos a educación pública, debemos incluir la educación primaria, secundaria y universitaria por igual. Como país, hemos invertido en un sistema enfocado en que la gran mayoría de su población en edad educativa pueda transitar el camino del aprendizaje desde su infancia en preescolar y escuela, formarse en el colegio y posteriormente optar por alcanzar un título universitario. Es importante recordar que las capacidades no cognitivas de las personas se determinan a edades muy tempranas y estas afectan de manera significativa a las capacidades cognitivas, las cuales condicionan la probabilidad de proseguir exitosamente a la educación universitaria y de conseguir buenos empleos.

Ofrecer acceso a la educación universitaria para el mayor número posible de nuestras personas jóvenes debe seguir siendo una de las más importantes aspiraciones de Costa Rica. Nuestra educación superior ha sido y sigue siendo la puerta y la escalera que permite acceder a un mayor progreso social, a mejores y más oportunidades de empleo y desarrollo.

Actualmente, son muchos los desafíos de nuestro sistema educativo. Tenemos retos por resolver en la calidad educativa y en la estandarización de los recursos en todas las regiones; en infraestructura y en formación de educadores, en tecnología y otros. Es por eso que es imprescindible fortalecer nuestra educación pública en lugar de debilitarla y desacreditarla. Los cambios y transformaciones globales que experimentamos nos presentan amenazas, pero también un horizonte de oportunidades.

Hoy, presiones de la economía, así como el enfoque de un sector político, amenazan a la educación pública, y han permitido que, de forma progresiva, se deteriore la asignación del presupuesto destinado a la educación. Lejos de acercarnos a la asignación constitucional del 8% del PIB, que es nuestra aspiración como país, en 2023 el presupuesto se redujo a 5,5% del PIB, lo que significa, según expertos, un retroceso a la situación limitada que vivíamos hace casi 20 años. Más aún, la asignación del presupuesto a la educación superior pública vive amenazas serias que podrían comprometer el funcionamiento de las universidades públicas en un futuro próximo.

Como lo indica el IX Informe Estado de la Educación, entre 2020 y 2022, la asignación de los recursos transferidos a las universidades públicas en términos reales disminuyó un 7,72%. A esto se suma la dificultad para entablar negociaciones justas y sin conflicto en relación con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Es aquí donde la defensa de este presupuesto nos exige detallar la importancia de invertir en la educación superior pública con datos y argumentos concretos:

  • La población proveniente de los dos quintiles más pobres del país y con acceso a la formación universitaria está más representada en la matrícula de las universidades públicas. “Siete de cada diez jóvenes estudiantes de la educación superior provenientes de hogares del quintil I asiste a una institución pública”, según el Noveno Informe Estado de la Educación.
  • Las universidades públicas destinan parte de su presupuesto a becas para atraer y retener a estudiantes de bajo nivel socioeconómico. Más de la mitad de las personas que estudian en la educación superior pública se financian mediante el sistema de becas y estas son la principal fuente de financiamiento para estudiantes en las regiones fuera del Valle Central, donde en el caso de la UNA, la cobertura de becas alcanza el 86%.
  • Hay ventajas salariales y de acceso al empleo para las personas graduadas de la educación superior, y en términos generales, sigue creciendo y siendo mayoritaria la población con título universitario que proviene de las universidades públicas. En la UNA, el número de personas graduadas pasó de 3028 en 2014 a 4014 para el 2023.
  • La educación superior pública realiza importantes aportes a la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología que impactan el crecimiento del país. Ovsicori, Laname, Idespo, Inisefor, Cimar, Cicap, Ciep y muchos otros institutos, laboratorios y centros nacionales, tienen su hogar en las universidades públicas.
  • En conjunto, se cuenta con 75 sedes regionales que atienden a la población a lo largo y ancho del territorio nacional, donde además, existe un compromiso para el desarrollo de proyectos de impacto en acción social, que beneficien a comunidades y poblaciones alejadas y vulnerables.

A pesar de la trascendencia de la universidad pública para Costa Rica, no se ha logrado retomar las negociaciones quinquenales del FEES que permitirían a las universidades planificar a mediano y largo plazo. Por el contrario, se mantiene la modalidad de negociaciones anuales, sujetas al cambiante clima político actual, lo que torna cada vez más incierta y complicada la asignación de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de las instituciones.

Es impostergable volver a convenios que garanticen los recursos por al menos cinco años, para permitir a las universidades planificar su funcionamiento y, sobre todo, ampliar el acceso a la educación superior a la mayor parte de la población joven del país.

Costa Rica no se puede permitir minimizar la relevancia de la defensa del FEES y de la inversión en la educación pública superior. Invertir en la universidad pública es invertir en Costa Rica, en su desarrollo, en su futuro y en su gente.

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