Solución al diferendo debe darse en el trámite legislativo del presupuesto nacional del 2025.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa afirmó que el diferendo entre el gobierno de Rodrigo Chaves Robles y las universidades públicas sobre el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año 2025 debe enviarse a la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Así lo dijo el departamento en el informe AL-DEST-CJU-065-2024 del pasado 22 de agosto, dirigido a Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa y a Jonathan Acuña Soto, diputado del Frente Amplio, con motivo de consultas sobre el tema hechas por ambos legisladores.

Según el criterio suscrito por Luis Paulino Mora Lizano, jefe interino del área hacendaria del departamento, y por Fernando Campos Martínez, gerente departamental, dado que en atención de los artículos 140.15 y 178 de la Constitución Política el Poder Ejecutivo ostenta con exclusividad la iniciativa en materia presupuestaria, es esperable que el trámite del Presupuesto Ordinario de la República inicie teniendo la posición gubernamental como base de la discusión, recayendo entonces en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), como principal interesado, la carga de alertar a la Asamblea Legislativa de que el monto asignado por el gobierno para las universidades públicas en 2025, difiere del que ellos consideran debe ser.

El documento también señala que la Asamblea no puede aumentar el gasto presupuestado por el Ejecutivo sin indicar la fuente de financiamiento que ha de cubrir esa obligación, de conformidad con el artículo 179 de la Constitución, de modo que si el parlamento decide modificar al alza el monto que el Ministerio de Hacienda vaya a indicar en el proyecto de presupuesto 2025, deberá indicar qué recorte hacer o cómo se financiará ese aumento.

Por otro lado, el asunto no solo puede remitirse a una comisión legislativa, sino que por exigencia del artículo 204 del Reglamento de la Asamblea Legislativa debe enviarse para su trámite preparatorio a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, que debe designar de su seno una subcomisión de presupuesto de cinco miembros".

Servicios Técnicos dijo además que la forma en la que el Congreso resolverá el diferendo será mediante la aprobación del presupuesto nacional 2025, y por ende, el plazo para resolver la disputa es el mismo que para aprobar el proyecto: como máximo a las 23:45 horas del 29 de noviembre.

No puede entenderse que existe diferendo sino hasta que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto Ordinario de la República, lo cual debe ocurrir, a más tardar, el primero de septiembre de cada año. Antes de ese momento existe espacio para que las partes acerquen posiciones con respecto al tema y, en todo caso, la postura del Poder Ejecutivo no se podría entender como externada hasta que finalmente sea definida con la interposición de la propuesta. En ese instante la posibilidad de enmendarla y, en ese tanto, la de dirimir la controversia, pasa a ser exclusiva de la Asamblea Legislativa".