Investigación informó que estas situaciones aumentan por recortes del presupuesto, entre otros motivos.

La Defensoría de los Habitantes informó que durante los últimos años se ha venido dando un incremento de las denuncias que recibe por casos en los que a los centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP) se les suspenden servicios básicos como agua y luz, por falta de presupuesto.

Según los resultados preliminares de una investigación realizada por el ente defensor, estas situaciones han aumentado debido a los recortes presupuestarios, problemas en la ejecución y dificultades con la conformación e idoneidad de los miembros de las Juntas de Educación y Administrativas.

"Esto puede llevar a la acumulación de deudas, la suspensión de los servicios y, en consecuencia, la interrupción de las lecciones", puntualizaron en un comunicado a la prensa este lunes 26 de agosto.

Al igual que lo que sucede con servicios públicos, logró determinar que se presentan problemas con el pago de facturas al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que genera deudas millonarias, en donde el Consejo Nacional de Producción (CNP) ha identificado Juntas de Educación que le debían hasta ¢150 millones.

Para la Defensoría es fundamental adoptar medidas para garantizar la continuidad de los servicios básicos y una alimentación adecuada de las y los estudiantes, por lo que se requiere que el MEP, adopte las medidas legales y administrativas que le permita asumir el pago a través de convenios interinstitucionales con el CNP y las empresas prestadoras del servicio, con el fin de garantizar la calidad y continuidad de los servicios.

Otro aspecto que compartió la Defensoría es que, ante las situaciones presentadas por las Juntas Educativas y Administrativas, se suele recargar su trabajo a las personas directoras de los centros de estudios, lo que tiene como efecto, que estos desvíen la atención de las funciones académicas, a trabajos administrativos.

Para la Defensoría es oportuno revisar la naturaleza de las Juntas de Educación y Administrativas, proponiendo su transformación de órganos auxiliares de la Administración Pública con responsabilidades administrativas a órganos de fiscalización del servicio.

Esto es importante para asegurar que tanto en el ámbito administrativo como educativo se brinde una atención adecuada a las personas estudiantes”.

Continuaron:

Actualmente, es evidente que los miembros de las Juntas Educativas y Administrativas no solo necesitan dedicar un tiempo prudencial a sus labores, sino también contar con conocimientos y habilidades básicas debido a la tecnificación de los procesos de contratación, como la próxima implementación del SICOP”.

La Defensoría agregó que la necesidad de ajustarse a diversos procedimientos legales complica la conformación y el funcionamiento de estas juntas. Como resultado, muchos miembros enfrentan investigaciones, sanciones o acusaciones judiciales, o las funciones deben ser asumidas por la dirección del centro.

Para finalizar adelantaron que la investigación, que todavía se encuentra en desarrollo, analizará las labores de las Juntas de Educación y Administrativas en materia de infraestructura, compras de insumos y otras contrataciones.