Los niveles nocivos de contaminación del aire en Costa Rica afectan a un 88% de la población.
La Defensoría de los Habitantes afirmó que mejorar la calidad del aire en el país debe ser una tarea permanente porque contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, la protección de la salud pública y del ambiente.
El mensaje de la Defensoría se dio luego de que esta semana trabajaran con un grupo de personas expertas en el tema en aras de conocer información clave en materia de calidad del aire y cómo la movilidad urbana y el transporte público mal gestionados y la contaminación por otras fuentes fijas, afectan la calidad de vida de la población.
En la actividad participaron Rosario Alfaro, consultora Ambiental en temas de emisiones contaminantes al aire; Jorge Herrera, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional; José Félix Rojas, de la Escuela de Ciencias Ambientales y Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA, Rónald Flores, urbanista y consultor especialista en transporte público, y la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
La Defensoría destacó que una evaluación de desarrollo ambiental realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos alertó que los niveles nocivos de contaminación del aire en Costa Rica afectan a un 88% de la población.
Sobre este tema la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, señaló:
La calidad del aire que respiramos es un tema que nos afecta a todos, y requiere de un compromiso colectivo para lograr cambios significativos. Debemos continuar trabajando juntos, desde todas las esferas de la sociedad, para fortalecer las políticas públicas que protejan nuestro derecho a un ambiente sano y asegurar que la salud de la población se coloque siempre en primer lugar. Solo así podremos construir un futuro más saludable y sostenible para todos los habitantes de nuestro país".
La experta en la materia, Rosario Alfaro, señaló que el impacto de la contaminación en la salud de las personas va desde afectaciones en el aparato respiratorio hasta el corazón, aparato reproductor y las arterias. Mientras tanto, Jorge Herrera presentó datos de una medición de la partícula PM 2.5, que es uno de los contaminantes criterio del aire (correspondiente a partículas que pueden provenir de vehículos, fábricas y otras actividades), en la que San José registró 27.1 µg/m3 mientras que, por ejemplo, la Ciudad de México registró 21.7 µg/m3.
Por otra parte, José Félix Rojas, de la Universidad Nacional, dijo que en cuanto a las actividades de monitoreo de las inmisiones, el reglamento vigente cubre los contaminantes más relevantes y se cuenta con límites de exposición primaria y secundaria, sin embargo es importante trabajar, como país, en asegurar recursos fijos para la red de monitoreo y la participación de otros actores claves, siendo que el desafío a nivel nacional va en formalizar un modelo integral de la gestión de la calidad del aire e incorporar a los gobiernos locales.
Finalmente el experto en transporte público, Ronald Flores señaló que la congestión vehicular produce desperdicio energético, deteriora la calidad del aire, contribuye al calentamiento global dadas las emisiones que produce, entre ellas CO2, además de óxidos de azufre, nitrógeno, carbono, ozono y material particulado, siendo que una adecuada gestión del transporte público puede paliar estos efectos. Indicó que dentro del transporte general sobresale el transporte público y es un bien público vital. Flores añadió:
Atrasar más las soluciones para su modernización se opone al desarrollo del país, al medio ambiente, a la Agenda 2030 de compromiso internacional y, sobre todo, a mejoras importantes para la calidad de vida de los y las habitantes”.
La defensora concluyó:
Esta problemática nos concierne a todos, pues afecta directamente la salud de la población. La Ley General de Salud es clara al indicar que corresponde a las autoridades sanitarias aplicar y controlar el cumplimiento de las normativas que protegen el ambiente. Es necesario, por tanto, que el Ministerio de Salud asuma una actitud más proactiva en la exigencia del cumplimiento de las normativas de emisiones e inmisiones atmosféricas”.
