Informe hace un llamado a “tomar decisiones prontas que permitan clarificar el rumbo que hoy tienen los servicios educativos”.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de Opiniones y Sugestiones al Ministerio de Educación Pública (MEP) respecto de los servicios educativos brindados por esa institución.

El documento, titulado "Los Servicios Educativos del MEP ante un punto de inflexión: habitando la transformación de cara al futuro", recopila una serie de hallazgos sobre la cobertura, acceso, desempeño, calidad y eficiencia, entre otros aspectos relevantes de los servicios educativos que presta dicho ministerio.

El informe recuerda que el MEP es el proveedor por excelencia de servicios educativos para poblaciones más vulnerables, como personas en condición de pobreza, con discapacidad, de la zona rural, de poblaciones indígenas o quienes requieren horarios nocturnos. Entre los principales retos de la situación actual, la Contraloría destacó que se encontró:

  • Un deterioro de cobertura y acceso, con una tasa neta de escolaridad en primaria que alcanzó el 93,6% en 2023, por debajo del rango de 98% del periodo 2010-2011, de igual forma en preescolar y secundaria se mantienen por debajo del 90%.
  • Diferencias de acceso según zonas geográficas, con una baja cobertura en los distritos de menor desarrollo social y brechas en la cobertura de asignaturas especiales e inglés.
  • Una tendencia a la desmejora del desempeño, evidenciado en resultados de pruebas como PISA, admisión de universidades estatales, pruebas de dominio lingüístico de la UCR, entre otras.
  • Inestabilidad en la implementación de instrumentos evaluativos desde la eliminación de las pruebas de bachillerato, afectando la disponibilidad de información crítica para toma de decisiones y la mejora continua del sistema educativo.
  • Una disminución en asignación de recursos, pasando del 7,07% del PIB en 2017 a 5,21% en 2023.
  • Bajos niveles de transformación digital, con ausencia de información que facilite el procesamiento, ralentizando la capacidad de transformar datos para toma de decisiones.

El informe presentado por la Contraloría concluye:

Los servicios educativos están en un punto de inflexión. Frente a sí está la posibilidad de continuar como hasta ahora: de forma inercial y sin un rumbo claro, o bien promover la transformación necesaria para cerrar las brechas existentes y configurar servicios más resilientes, innovadores, flexibles y con capacidad de adaptación a un entorno que cambia de manera constante y exponencial, contribuyendo así a materializar los fines de la educación, tal como señala la propia Ley Fundamental de Educación”.

Adicionalmente, el informe señala que “los servicios educativos son, ahora más que nunca, un pilar esencial para el bienestar económico y la cohesión social, es decir, para el desarrollo humano. Ante su relevancia, se hace indispensable identificar cuáles elementos pueden habilitar la transformación requerida”, por lo que hace las siguientes sugerencias a las autoridades:

A la Asamblea Legislativa sugiere “considerar en el proceso de discusión lo relativo a la suficiencia y sostenibilidad en el mediano plazo de la asignación de recursos a los servicios educativos, de manera que se balanceen tanto los objetivos fiscales como los educativos y sociales”, así como la inclusión de indicadores de eficiencia y una estructura programática que ofrezca información de los recursos asignados por servicio educativo.

Así mismo, se sugiere al congreso que, en conjunto con la administración, revisen las leyes vigentes “con el fin de identificar oportunidades para la simplificación y contribuir a que el MEP enfoque su atención en sus labores sustantivas”, destacando la relevancia de la Comisión Legislativa de Educación “como el espacio idóneo para la discusión de las iniciativas de ley respecto al sector educativo”.

Por otro lado, la Contraloría recomendó al Poder Ejecutivo “abordar con diligencia los desafíos actuales y futuros a los cuales se enfrentan los servicios educativos, de manera que se consideren los elementos habilitadores desde la Hacienda Pública para minimizar las brechas que actualmente presentan los servicios educativos y que afectan en forma particular a las poblaciones más vulnerables”, destacando la urgencia de desarrollar un sistema sólido de evaluación de la calidad de la educación.

Además, se sugiere al MEP realizar las revisiones en materia de gobernanza de la institución, avanzar en la implementación del modelo de gestión para resultados, así como acelerar el proceso de transformación digital, tanto del MEP a nivel administrativo como en los procesos educativos.

Como reflexión final la Contraloría hizo un llamado a tomar decisiones prontas, y concluyó:

El margen de error es prácticamente nulo y la velocidad del cambio exige capacidad de adaptación excepcional, cabe plantearse si en el fondo el país está tratando de responder al futuro con estructuras del pasado. Las generaciones presentes y futuras bien valen esta reflexión acerca de cómo son los servicios educativos a los que aspira el país para los próximos 30 o 40 años”.

Lea el informe completo en este enlace.