El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate el proyecto de ley para la promoción y fomento del "Programa de Turismo para Todas las Personas", que tiene como objetivo crear un marco normativo para impulsar el desarrollo de un turismo inclusivo y accesible en todo el país.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.385, establece la creación de un programa que será gestionado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), encargado de velar por la implementación de políticas que fomenten la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios turísticos. La ley busca beneficiar particularmente a personas con discapacidades, adultos mayores, jóvenes, y otras poblaciones en desventaja económica o social.

Entre las disposiciones clave del proyecto, se encuentra la promoción de alianzas público-privadas para desarrollar productos turísticos accesibles y sostenibles, y la exoneración de impuestos para la importación de equipos especializados en accesibilidad. Además, se creará un Consejo Consultivo de Turismo, compuesto por representantes de diversas instituciones y organizaciones, que asesorará al ICT en la aplicación de esta ley.

El proyecto también contempla la creación de un programa de acreditación para empresas y organizaciones que promuevan y desarrollen turismo inclusivo. Estas entidades podrán acceder a incentivos como la facilitación de la declaratoria turística y espacios de promoción dentro del sistema de comunicación del ICT.

El ICT deberá desarrollar estrategias de comunicación y mercadeo tanto a nivel nacional como internacional para promover este enfoque de turismo inclusivo, y coordinar con gobiernos locales para implementar programas que fomenten el turismo accesible en todas las municipalidades del país.

El proyecto de ley ahora pasará a segundo debate, donde se discutirá antes de ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

De igual manera, se aprobó en primer debate el proyecto de ley "Desarrollo y Construcción de Embarcaderos Vecinales", que busca establecer un marco regulatorio para la construcción, administración y operación de embarcaderos en comunidades costeras y fluviales.

El proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 23.358, tiene como objetivo permitir la construcción de embarcaderos vecinales en zonas de dominio público, incluyendo la zona marítimo-terrestre y las riberas fluviales, para facilitar el embarque y desembarque de personas y cargas ligeras. Estos embarcaderos estarán destinados a embarcaciones menores, tales como barcos de pasajeros, carga ligera, pesca artesanal y rescate, entre otros.

La normativa autoriza a las municipalidades y otras autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), a otorgar concesiones para la construcción y administración de estos embarcaderos, siempre y cuando se garantice la protección del ambiente y los recursos naturales. Las concesiones podrán otorgarse por un período de hasta 15 años, con posibilidad de prórrogas.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la prioridad que se le otorga a las comunidades con menores índices de desarrollo humano, eximiéndolas del pago de canon por la concesión. Además, la ley establece que la construcción de embarcaderos vecinales estará exenta de impuestos, tasas y contribuciones especiales.

El proyecto también contempla la creación de un Registro Nacional de Embarcaderos Vecinales, a cargo de la División Marítimo-Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y exige que todo el procedimiento de concesión se realice de manera digital, utilizando los recursos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

Breve

— El plenario sesionará extraordinariamente este jueves en la provincia de Limón para realizar un debate reglado.