Incofer había autorizado la tala de un árbol de Copey de más de 70 años.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) dejó sin efecto un oficio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) que autorizaba la tala de un árbol de Copey de más de 70 años en San Antonio de Belén.
El Tribunal resolvió un recurso de amparo interpuesto por un vecino de la localidad herediana contra el Incofer y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en el que detalló que el árbol es de los únicos cinco de la mencionada especie que quedan en el cantón herediano.
La resolución Nº 2024-017568 explica que el recurso se interpuso luego de que un vecino se quejara de la existencia del árbol y solicitara su tala, ya que parte de la copa del árbol se encuentra en en el techo de su casa. Tras una inspección, el Sinac corroboró la situación e indicó que tiene una inclinación hacia el sur que se encuentra dentro del derecho de vía del Incofer.
El Sinac además señaló al vecino que debía gestionar el permiso de tala con Incofer por estar en ese sitio. El Incofer autorizó la tala completa desde la raíz de dicho árbol para ser realizada los días 15 y 16 de marzo.
Esto provocó que más de 40 vecinos remitieran una carta a distintas instancias para impedir la tala total del árbol, ya que consideraron que tal actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales
La sala declaró con lugar el recurso y dejó sin efecto la autorización de tala dada por Incofer. De igual forma, se ordenó a Álvaro Bermúdez Peña, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto de Ferrocarriles a que se abstenga de incurrir nuevamente en esa conducta, así como que, de inmediato, determine el estado actual del árbol y disponga las medidas pertinentes para su recuperación y protección.
La Sala recordó que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir.
Además, los magistrados condenaron al Instituto Costarricense de Ferrocarriles al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos denunciados, los que se podrán reclamar en el proceso de ejecución de sentencia en la vía contenciosa-administrativa.
Según reportó el medio local El Guacho, el día que se tenía planeada la tala decenas de vecinos se manifestaron e inclusive algunos se encadenaron el árbol para evitar la corta, mientras transcurrió la mañana, gracias a la intervención de María Antonia Castro, Carlos Venegas, Nina Garrigues y Manuel Zumbado Corrales, se logró llegar a un acuerdo escrito, en donde el solicitante de la corta se comprometía a solo podar el árbol, mientras daba chance al municipio para que el copey fuera trasladado a una propiedad municipal.
Fotografía de El Guacho.
