Esta semana concluyó el litigio internacional entre Infinito Gold y Costa Rica en torno a la mina Crucitas. Esto significa que Costa Rica ya no deberá pagarle a Infinito Gold $400 millones como indemnización, luego de que se le despojara a esa empresa la concesión para abrir la mina. Ahorrarse ese dinero claramente es una buena noticia para nuestro país. Sin embargo, ¿mejorarán las condiciones ambientales y sociales en Cutris, donde se ubica la mina? A pesar de que en este caso no existen soluciones fáciles, ¿qué podemos hacer para dejar atrás esta cruz que tanto nos pesa?

Lo que debimos hacer y no hicimos

A pesar del litigio internacional, Costa Rica debió actuar contundentemente. Desde 2017 se empezaron a reportar en esa zona las explotaciones clandestinas y contaminantes. Una zona rica en oro y biodiversidad que se ha degradado ambiental y socialmente, como consecuencia del descontrol en el manejo de las aguas, los sedimentos y del mercurio. El daño es desolador y este no sólo ha sido un daño ambiental. Cutris se ha convertido en el centro de un negocio clandestino que se acompaña de prostitución y condiciones tan insalubres como deplorables.

Esto ha ocurrido a pesar de que la normativa costarricense establece que el dueño de un terreno debe responder por la contaminación del suelo que se produzca como consecuencia de las actividades que se lleven a cabo en ese lugar. Eso implica que el Ministerio de Salud debió obligar al dueño del terreno a realizar estudios en suelo, agua superficial y aguas subterráneas para medir el impacto y plantear soluciones. Como si se tratara de un pueblo de película de vaqueros, en Cutris no parecen existir la ley ni el orden.

Tampoco se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario que propusiera soluciones a los problemas complejos que enfrenta Cutris, tomando en cuenta todas las aristas: legales, ambientales, sociales, económicas y de salud pública. Hubo algunos estudios de aguas subterráneas por ahí, desalojos puntuales por allá: paños tibios para una situación que requiere soluciones de fondo y una intervención integral.

Lo que debemos hacer en el corto plazo

El gobierno deberá actuar como aún no ha actuado en Cutris, a través de la conformación de un equipo multidisciplinario que esté en condiciones de atender la emergencia sanitaria y ambiental de la zona. Atender el tema social no significa simplemente sacar a la gente del lugar. El proceso involucra apoyar el reasentamiento de algunas de las personas, generando vínculos con empresas de la región y propiciar que se inserten en la economía existente. Una vez que la población esté afuera del área, será necesario mantenerla afuera, con presencia policial permanente, hasta que se pueda encontrar una solución a mediano plazo. 

En el corto plazo deberán iniciarse además los estudios ambientales, tomando en cuenta receptores sensibles como los habitantes de la región, las aguas subterráneas, los cursos de agua y los animales que viven en ellos. Se podrían hacer alianzas con universidades nacionales e internacionales para definir una estrategia de monitoreo y medir el daño, estimar zonas críticas y poder tomar acciones acertadas.

No debemos permitir que el Gobierno declare una situación de emergencia con el propósito de recuperar el oro y que esta situación propicie decisiones tomadas a la ligera y sin estudios adecuados. Es cierto que tenemos un tesoro enterrado en Crucitas, pero no debemos permitir que la ambición y el oportunismo nos lleven a prescindir de los estudios ambientales y sociales que se requieren. Las opciones para recuperar el oro de esta zona se ubican en el mediano plazo.

Lo que podríamos hacer en el mediano plazo

En el mediano plazo es posible explotar el oro que aún existe en Crucitas y asegurar una rehabilitación del terreno, una vez que se haya extraído. Debido al elevado precio del oro en el mercado, al aislamiento de esa zona y las necesidades de la población, la minería ilegal seguirá ocurriendo en Cutris, a menos de que se cerque toda el área y se coloque seguridad permanente.

Dentro de los escenarios que garantizarían una explotación responsable del oro, está el otorgamiento de una concesión minera de explotación subterránea. Recordemos que la moratoria en Costa Rica solo aplica a la minería metálica a cielo abierto. En ese caso, habría que solicitarle al concesionario que rehabilite el terreno en la superficie. Además, deben llevarse a cabo estudios para determinar si se ha “sacado” el suelo con mayores concentraciones de oro o si aún existen yacimientos con valor comercial.

Además, para que Costa Rica obtenga beneficios interesantes asociados a la extracción del oro de Cutris, es necesario que se modifique el Código de Minería, de manera que las municipalidades reciban un impuesto mayor al 2% que se establece actualmente y que está muy por debajo de las tasas que se pagan en otros países. 

Por otro lado, es necesario traer al país a una empresa minera con una intachable reputación en sostenibilidad y establecer estrictos procesos de monitoreo gubernamental. Debido al historial minero de Costa Rica y al proceso que ocurrió con Infinito Gold, es probable que las empresas más grandes y con mejor desempeño en sostenibilidad no estén interesadas en ingresar al país para no afectar su reputación. Habrá que revisar si es posible establecer unos términos de referencia para esta concesión en particular y exigir unos resultados específicos. 

Recordemos: no se trata de encontrar a quien da más sino a quien da mejor. Se trata de identificar al aliado o a los aliados que, además de dejarle a Costa Rica beneficios por el oro que yace en nuestro territorio, deje a Cutris en condiciones prósperas y con un ambiente sano. Esta segunda condición es fundamental. 

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