Dos noticias recientes nos deben llevar a reflexionar sobre el problema de que el Estado elija a dedo a ganadores y perdedores, según el gobernante de turno.

Recientemente, se ha anunciado que el Gobierno denuncia a exjerarcas de RECOPE por dar 2.100.000 dólares a Ad Astra Rocket Company, de Franklin Chang. Al mismo tiempo, el presidente Chaves asegura que los gobiernos PAC persiguieron a la organización Obras del Espíritu Santo al momento de que la misma es catalogada como organización de bienestar social, lo que le permitirá recibir más fácilmente fondos públicos, sumando de los 162 millones de  colones entregados desde la Junta de Protección Social (JPS) y los 215 millones de colones anuales de parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

¿Un nuevo ganador, un nuevo perdedor?

Es importante comprender que los fondos públicos deben estar sujetos a estrictos controles, en línea con la ley y el bien de los ciudadanos, no al gusto de los gobernantes de turno. Además, a todos los ciudadanos se nos deben dar cuentas claras sobre cómo se utilizan y por qué.

Un ente privado, por reconocido y noble que sea su fin, equipo y fundador, no debe recibir beneficios especiales a dedo por sobre las demás organizaciones privadas.

No es que el uso de fondos públicos para financiar áreas de interés como emprendimientos u organizaciones de bien social sea malo por sí mismo, pero ese traslado de fondos debe ser transparente, con reglas claras y abierto a todos los posibles beneficiados. No arbitrariamente ni basado en el poder de lobby que tengan.

Es decir, se deben utilizar concursos de fondos transparentes que evalúen a todos los interesados en igualdad de condiciones y que se demuestren y auditen los beneficios públicos de utilizar ese dinero proveniente de impuestos de los ciudadanos de esa manera y no de otra; nunca deben ser cheques en blanco.

A su vez, se debe comprender el porqué, a pesar de la enorme inversión pública en programas sociales y de investigación y desarrollo, el Gobierno igualmente tiene la necesidad de socializar el dinero público a entes privados. ¿Será que aceptan que el sector privado es más efectivo y eficiente para resolver los problemas comunes del país? En buena hora, si así es, pero entonces el dinero que se traslade debe venir de recortes en burocracia y no en nueva deuda cargada de impuestos.

El problema es estructural y de prácticas de décadas. Es probable que ni Obras del Espíritu Santo ni Ad Astra Rocket Company sean culpables de nada, pero sí lo es la tradición costarricense de permitir que el Gobierno haga lo que le plazca con el dinero público y que la transparencia brille por su ausencia, independiente de los gobernantes de turno.

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