Defensoría indicó que alerta proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación.
La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el presupuesto que tendrán los 18 ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.
Según informó la Defensoría en un comunicado de prensa, a ese listado de instituciones del Gobierno Central se suma el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional de la Infancia, debido a que son entidades del Estado que atienden a población en condición de vulnerabilidad.
Cómo parte de la investigación, la Defensoría solicitó información a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, para conocer el límite presupuestario máximo y el presupuesto aprobado del 2024 además, el límite presupuestario máximo del 2025 de cada entidad.
También se solicitó al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, el listado de instituciones públicas que se les haya realizado recortes a la asignación presupuestaria en comparación con el ejercicio fiscal del año 2024 y las razones de dichos ajustes.
Desde la Defensoría señalaron que la alerta a los recortes proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal.
El pasado mes de junio se informó que el recorte al presupuesto de Educación rondaría los 65.000 millones de colones, sin embargo, la semana anterior el viceministro de Planificación del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, aseguró a La Nación que el recorte rondaría los 19.000 millones de colones.
