Fiscalías pidieron medidas cuatelares contra detenidos por los hechos en Gandoca-Manzanillo.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles rechazó este miércoles entregar las facturas del evento que funcionarios de la Casa Presidencial realizaron en la finca ligada al empresario cuestionado por la tala de árboles en Patrimonio Natural del Estado en Gandoca-Manzanillo.
En conferencia de prensa desde Guanacaste como parte de la gira gubernamental para conmemorar el Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el mandatario respondió a una consulta hecha por el periodista Héctor Guzmán, sobre si preguntaría cada miércoles en sus conferencias semanales sobre la investigación que se lleva a cabo por el otorgamiento de permisos presuntamente irregulares para talar árboles en en el Caribe Sur, tal y como dijo que haría sobre la denuncia penal que interpusieron por una presunta ilegalidad en el otorgamiento de una concesión en El Jobo de La Cruz, Guanacaste.
"Absolutamente, estamos absolutamente comprometidos", respondió Chaves, para luego decir que "hay gente" a la que le gusta "hacer escándalos a la pura bulla de los tarros".
Según Chaves, el querer asociarlo a él con el otorgamiento de los permisos presuntamente irregulares para talar en Gandoca-Mazanillo es "absolutamente ilógico", y dijo que no ha minimizado los hechos, días después de que medios de prensa destacaran sus declaraciones en las que resaltó que lo talado en esa zona eran 23 árboles.
“Los ecologistas, los que causaron el desastre de Crucitas que ahora quieren hacer un escándalo falso allá en la Zona Sur (sic.) para desviar la atención de donde debería estar que es Crucitas: ‘ah no no vean el desastre, cortaron 23 árboles en 16 hectáreas’,", dijo en aquella ocasión.
Esta vez Chaves criticó que mientras se ha publicado la tala de esos árboles en el Caribe Sur, no se ha reportado que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) presuntamente planteó una denuncia penal por la tala de gran cantidad de árboles en 200 hectáreas. "¿Alguien ha hecho algo? ¿Alguien ha hecho algún allanamiento? ¿Alguien ha hecho alguna detención, algún decomiso? No.", dijo.
"Por supuesto que yo estoy comprometido a esclarecer, por supuesto, pero que a mí venga un diputado y me diga me tiene que traer los recibos del supermercado para ver si compró arroz, frijoles, leche, aceite y el dueño del supermercado... utilizó eso para manipularlo a usted, eso es una estupidez", agregó.
Y de la misma manera no le voy a dar los recibos —primero porque yo no los gasté— de la comida que gastamos (sic.) y que compramos funcionarios públicos en un evento privado. Yo no tengo tiempo para atender estupideces. Entonces me comprometo claramente a ayudar a esclarecer los 23 árboles y las 200 hectáreas que ya se volaron, lo que pasa es que en esas 200 hectáreas ahí si hay gente muy, muy peligrosa, y nada ha pasado. La denuncia penal se puso ya hace nueve meses".
El Minae nunca informó a la prensa de la interposición de esa supuesta denuncia y Chaves tampoco detalló en qué zona ocurrieron los presuntos hechos. En el sitio web del ministerio no aparece comunicado alguno sobre una denuncia por tala ilegal, y el informe anual de labores del 2023 no está publicado.
A mediados de julio la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) detuvieron a tres personas por las presuntas irregularidades en la emisión de permisos forestales en el Caribe Sur.
Los detenidos, apellidados Pacheco, Campbell y Cruz, son investigados por prevaricato, influencia contra la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso, según el expediente 24-00003-0611-PE.
A la espera de resolución sobre medidas cautelares
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informaron este miércoles haber solicitado medidas cautelares contra las personas detenidas en aquella ocasión, y que actualmente se encuentran en libertad.
La primera de esas dos fiscalías pidió al juzgado ordenar a quien ejerza el cargo de director del Área de Conservación La Amistad Caribe, revocar y archivar todos los permisos de aprovechamiento de productos forestales aprobados y suspender inmediatamente la ejecución de dichos permisos, así como la entrega de guías de transporte para la madera que se pretenda extraer de esas fincas.
La fiscalía también pidió que se ordene a ese mismo funcionario suspender y archivar todos los permisos de aprovechamiento de productos forestales pendientes de autorización para las fincas en cuestión.
Finalmente, se pidió se ordene hacer una anotación de las fincas ante el Registro Público de la Propiedad sobre la existente investigación, con el fin de asegurar su recuperación a favor del dominio público.
En contra de Pacheco Dent la Fiscalía pidió que se le ordene suspender inmediatamente todo aprovechamiento forestal en dichas fincas, así como el transporte de madera proveniente de estas; suspender inmediatamente todo movimiento de tierra, así como cualquier obra civil en dichas fincas; e impedir el tránsito de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea en las trochas realizadas, o en cualquier sector de la finca donde se hayan talado árboles o corresponda a humedal.
Asimismo se pidió que el juzgado ordene retirar a todos los trabajadores presentes en la finca, retirar toda maquinaria pesada, residuos, así como cualquier instrumento que se encuentre en las fincas que permitan el aprovechamiento de productos forestales o construcción de obras civiles; y abstenerse a sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, así como abstenerse a realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.
Finalmente y siempre sobre Pacheco, se pidió que en el plazo máximo de un mes elimine el relleno sobre el humedal utilizado como camino localizado en las fincas; que deposite ante el Juzgado Penal de Hacienda el pasaporte y se le impida la salida del país; y que se presente a firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con sede en Pococí.
En contra de la imputada Camacho la fiscalía pidió que se le inhabilite del cargo como regente forestal y se le prohíba emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal; así como que se le prohíba ejercer como regente forestal para el aprovechamiento de productos forestales, bajo cualquiera de las categorías, como planes de manejo, certificados de origen, permiso de aprovechamiento.
La fiscalía ambiental también pidió la inmediata comunicación de la inhabilitación ante el Colegio Profesional respectivo y a la dirección ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); e igualmente que entregue su pasaporte, se le prohíba salir del país y que firme una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.
Por su parte la Fapta pidió en contra de los imputados Campbell, Cruz y Salas que sean suspendidos en el ejercicio del cargo, que no se acerquen a oficinas del Sinac, y que no tengan contacto perturbatorio con testigos.
