El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa recomendó a los congresistas no ampliar la lista de delitos contenidos en la propuesta de reforma constitucional que presentó el oficialismo para permitir la extradición de nacionales, advirtiendo que tal medida podría causar vicios de constitucionalidad.

La advertencia surgió horas después de que la comisión especial del Congreso que estudió dicha reforma votara el lunes a favor del texto inicialmente propuesto con los delitos de terrorismo y tráfico internacional de drogas, pero dejando la puerta abierta a que en el plenario la lista de delitos extraditables fuera expandida.

Según el criterio rendido por Servicios Técnicos, la comisión consultó sobre la posibilidad de habilitar la extradición de nacionales por una larga lista de delitos: homicidio, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico de migrantes, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión, femicidio, violación, violación calificada, abusos sexuales contra personas menores de edad, producción y difusión de pornografía infantil, terrorismo, asociación ilícita, estafa mayor, cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, delitos que califiquen como delincuencia organizada transnacional, delincuencia organizada transnacional y todas las 19 infracciones contenidas en la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

De acuerdo con el criterio de la asesoría de los legisladores, la propuesta de adición es "sumamente amplia, y contendría un número muy extenso de delitos", situación que al analizarla con la exposición de motivos que dio luz a la propuesta original, se encontraba que si bien esta menciona reiteradamente a la criminalidad organizada, la intención de delimitarlo a tráfico internacional de drogas y terrorismo "es muy clara".

Debe concluirse que la extensión de la iniciativa tal como se propone no resulta conexa con el objetivo de la iniciativa".

Según el criterio, esa conclusión aplica también a la pretensión de añadir el delito de legitimación de capitales, pues si bien éste estaba antes vinculado al narcotráfico, ese ligamen se ha ido borrando con diversas reformas, pues ahora aplica a cualquier delito que tenga al menos cuatro años de prisión.

Servicios Técnicos agregó que era conveniente recordar que las reformas constitucionales son procedimientos legislativos "especialmente agravados" por la jerarquía inherente a las normas de tal rango, de manera que las modificaciones que se pueden realizar en estas iniciativas son mucho más acotadas que aquellas que se pueden realizar en el procedimiento legislativo ordinario.

Debe valorarse también que el listado de delitos propuesto contiene varias imprecisiones de denominación y contenido (por ejemplo, en la legislación costarricense no se habla de crímenes, sino de delitos), lo que es muy grave en materia penal, en la que rige la interpretación restrictiva, de manera tal que un simple cambio de denominación, por ejemplo, puede ocasionar importantes problemas de aplicación de la norma".

El criterio legal concluyó que la propuesta de incluir una lista exhaustiva de delitos en el texto de la reforma constitucional "no solo es inconvenientemente y reglamentista" para una norma de orden constitucional, sino que además rebasa considerablemente la intención descrita en el proyecto correspondiente, que limita la aplicación de la extradición de personas nacionales a solo dos delitos, razón por la que tal inclusión resultaría inconexa.

De acuerdo con Servicios Técnicos, si la intención de los diputados fuera incluir una lista tan extensa o incluso dejar la posibilidad abierta a cualquier delito, sería necesario tramitar una nueva iniciativa de reforma constitucional, en la que se plasme con claridad tal intención.

Breves

— Con 38 votos a favor y 7 en contra se aprobó el expediente 24.228 "Declaratoria de Ciudadano Distinguido al sacerdote católico padre Sergio Valverde Espinoza". 

— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.970 "Autorización a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) para que utilice el saldo de los recursos dispuestos en el Transitorio VIII de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (Judesur), N° 9356 de 30 de abril de 2020, con el fin de coadyuvar en la atención de la situación provocada por los efectos del Huracán Eta".

— La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 24.378 "Cuarto Presupuesto Extraordinario de La República y Tercera Modificación Legislativa a la Ley N° 10.427, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024".