La Red Centroamericana y del Caribe para la Reducción de Riesgos y Daños Sanitarios (REDACCA) manifiesta preocupación por la reciente regulación de cigarrillos electrónicos en Costa Rica, señalando principalmente la falta de sustento técnico del Ministerio de Salud. La resolución ministerial MS-DM-RC-2381-2024 prohíbe la importación, venta y uso de productos con nicotina sintética y cannabinoides, sin explicar claramente las razones detrás de esta prohibición ni la diferencia entre la nicotina sintética y la natural.
El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) analizó 28 muestras de cigarrillos electrónicos en agosto de 2023, cuyos resultados se publicaron en mayo de 2024, coincidiendo con el anuncio de la prohibición por la ministra y vicepresidenta, Dra. Mary Munive. Sin embargo, el informe no menciona la nicotina sintética ni su prevalencia, y la presentación del Ministerio de Salud carece de detalles específicos que justifiquen la medida adoptada.
REDACCA destaca la necesidad de regular los ingredientes de los líquidos de los cigarrillos electrónicos con un marco técnico sólido para evitar confusiones y alarmas entre los consumidores. Actualmente, a nivel internacional, tampoco hay consenso sobre los efectos de la nicotina sintética, y se requiere más investigación al respecto, como lo indican la FDA y la Asociación Americana del Pulmón.
La red insta al Ministerio de Salud y a otras instituciones a basar las regulaciones en fundamentos científicos y a incluir a expertos en la discusión para garantizar decisiones informadas y beneficiosas para la población. REDACCA subraya la importancia de distinguir entre regulaciones para proteger a menores y no fumadores y políticas de cesación del tabaquismo, señalando que algunos cigarrillos electrónicos pueden ser menos dañinos para fumadores adultos que no pueden dejar la nicotina.
Finalmente, REDACCA se ofrece a colaborar con las autoridades en una discusión técnica y basada en evidencia sobre el tema, subrayando que las políticas públicas deben ser claras y consensuadas para evitar efectos contraproducentes y la proliferación de mercados ilegales sin supervisión sanitaria.
