La Administración Tributaria pretende “encontrar” contribuyentes ocultos y lograr la recaudación de cuotas tributarias aun no ingresadas.
La Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda cambió la fecha límite para presentar la declaración ordinaria del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), que estaba previsto para abril. El nuevo plazo tiene como fecha límite el próximo 31 de julio del presente año.
En Costa Rica, la Presentación del Registro de Accionistas se realiza a través de la plataforma virtual del Banco Central y corresponde a las sociedades anónimas (S.A.), personas jurídicas, las organizaciones sin fines de lucro y los fideicomisos privados, quienes deben declarar su composición hasta llegar a las personas físicas que disfrutan de sus beneficios.
La socia de Grupo Camacho Internacional, Vanessa Vega indicó:
El registro de accionistas brinda información de relevancia a Tributación, porque le permite identificar cómo se compone los grupos de empresas en el país. Es decir, identifica quiénes están detrás de las empresas y le facilita sus procesos de fiscalización e identificación de capitales que, por uno u otro motivo, podrían ser sujetos de fiscalización.
Vega añadió:
Este registro, en conjunto con la información dada en la declaración de sociedades inactivas, genera un mapa completo de la composición empresarial, que está directamente ligada con la recolección de impuestos sobre las utilidades, impuestos sobre los bienes muebles e inmuebles y el respectivo cumplimiento en precios de transferencia".
Presentar esta información es de carácter obligatorio desde el pasado 01 de setiembre del 2019, todas las entidades jurídicas inscritas en el país tienen la obligación de revelar quienes son sus socios, hasta los beneficiarios finales. De acuerdo con el segundo capítulo de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.
El registro de accionistas es un proceso en el cual una empresa proporciona información detallada sobre sus accionistas a la autoridad bancaria, quien, como custodia de los datos los facilita a la administración tributaria y al Instituto Costarricense sobre Drogas. Esta información suele incluir los nombres, direcciones, número de acciones poseídas y otros detalles relevantes sobre los socios de la empresa.
El propósito principal de este registro es cumplir con las regulaciones fiscales y de transparencia, de manera que las autoridades fiscales puedan rastrear la propiedad de acciones y asegurarse de que se paguen los impuestos correspondientes sobre dividendos u otras ganancias derivadas de la propiedad de acciones.
El socio director de Grupo Camacho Internacional, Carlos Camacho señaló:
Estamos en la época de transparencia tributaria, donde las administraciones fiscales, a través de mecanismos como el registro de accionistas y los acuerdos de intercambios de información entre países tienen la capacidad de identificar la propiedad y los signos de riquezas de los individuos. Aunque el fin principal de obligaciones como el registro de beneficiarios últimos es la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, la información es de muchísima utilidad para el control fiscal por parte de Hacienda”.
El incumplimiento de esta obligación podría generar consecuencias legales y financieras para la empresa. Las multas ocasionadas por la falta de presentación del registro de transparencia son de un 2% de los ingresos brutos declarados en el Impuesto sobre las utilidades del año anterior, con un mínimo de alrededor de 1.3 millones de colones y un máximo que llega a los 45 millones de colones.
