No podemos concebir la vida sin agua, es un elemento esencial para la salud y el desarrollo. Costa Rica, es uno de los pioneros en reconocer el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, reflejado en nuestra Constitución Política, la cual estipula que "toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida".
Y aun así, hoy tenemos racionamientos en múltiples zonas del país, como Hatillo, Mata Redonda, Coronado, Desamparados, Montes de Oca, Alajuelita, Talamanca, Carrillo, Ǫuepos entre otras. Estos problemas no son nuevos, son añejos, en estas comunidades llevan años batallando por el acceso al agua, entonces, su derecho constitucional ¿dónde queda?
Yo estoy clara de que en Costa Rica no tenemos un problema de escasez de agua, sino más bien un problema de gestión, voluntad política y planificación.
En cuanto a la gestión, un informe reciente de la Contraloría General de la República, publicado en abril de 2024, básicamente indica que Acueductos y Alcantarillados es la institución con la peor ejecución de créditos en el país. Casi el 60% de los proyectos que debían haberse completado para enero de 2024 aún no han finalizado, lo que afecta a casi la mitad de la población. Esta falta de ejecución no solo nos priva del servicio público, sino que también hace que el país deba pagar más. Por ejemplo, en el 2023, pagamos un 56% más en intereses debido a esta situación. En ese mismo año, el AyA solo ejecutó el 54.6% de los recursos previstos, lo cual confirma la seria deficiencia en la gestión de los recursos públicos. Sin que exista una verdadera planificación dirigida a las poblaciones más vulnerables.
Además, falta voluntad política para resolver estos problemas. Es inaceptable que seamos insensibles ante las necesidades de agua de las comunidades. Por ejemplo, en la Comunidad de Los Mangos en Alajuelita, se retiró el servicio de agua a todas las viviendas y no se enviaron cisternas, no han conectado las tuberías y cuando hicimos la consulta, nos contestaron que no podían hacer la reconexión argumentando un informe de la Comisión Nacional de Emergencias. Pero, adivinen, en el informe la CNE indica que no existe ningún inconveniente para este tipo de obra, esto es inaceptable, son más de 30 familias sin agua desde el año pasado.
El caso de Miravalles, en Tirrases de Curridabat, donde habitan más de 300 familias, que no tienen acceso al agua, se les envía una cisterna por semana, pero eso no es suficiente, ¿cómo va a alcanzar el agua de una cisterna para una semana completa en una comunidad de más de mil personas? Por supuesto, también hicimos la consulta pertinente y una funcionaria del AyA me insinuó que los habitantes de esa comunidad ni pagan el agua. Estamos hablando de un derecho humano que el Estado debe garantizar, es una barbaridad que una comunidad esté suplicando por agua y que esa sea la respuesta de sus funcionarios.
Hay que entender que esto no es solo un tema de bienestar, la falta de disponibilidad de agua frena el desarrollo económico, turístico, e inmobiliario. Un ejemplo de esto es el caso de Santiago de Puriscal, donde no pueden construir, y a pesar de los enormes esfuerzos que ha realizado la Municipalidad para garantizar el suministro de agua en el distrito de Santiago, el AyA les dice que deben de esperar el desarrollo del proyecto Orosi 2, el cual no ha tenido avances significativos.
Otro ejemplo, es como afecta el desarrollo turístico, la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua en nuestras costas no solo afecta a las comunidades locales, sino que también impacta directamente al turista, la escasez de agua limita la capacidad para satisfacer la demanda de los turistas, lo que a su vez afecta la calidad de la experiencia y la imagen del país como destino de clase mundial. Además, la falta de agua puede llevar a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad, lo que afecta aún más la atracción de turistas.
Y les doy otro ejemplo, pero en este caso, de desarrollo inmobiliario. Desde hace años, los constructores han denunciado que por la falta de infraestructura para llevar el agua hasta donde se pueden construir residenciales, centros comerciales y plantas industriales, los proyectos se quedan sin recibir el permiso de construcción, los interesados incurren en excesivos gastos extra para proveerse de su propia infraestructura para obtener agua o, simplemente, se van del país, en busca de lugares que ofrezcan mejores condiciones. Esto demuestra que el problema es la mala planificación de recursos por parte del AyA. Hemos desperdiciado oportunidades de desarrollo, de inversión y progreso para nuestras comunidades, lo cual ha limitado el crecimiento económico y ha afectado la salud y el bienestar de nuestra población.
Y que quede claro, esto no es un problema de falta de dinero, es un problema de ejecución, ¿recuerdan ustedes? cuando rebajamos 50.214 millones de colones, destinados para financiar programas de saneamiento en zonas prioritarias, simplemente porque no tienen capacidad de operar. Necesitamos una planificación integral que incluya la protección de las zonas de recarga acuífera, una mejor coordinación interna y una ejecución eficiente de los proyectos de infraestructura. No podemos permitir que la ineficiencia y la falta de previsión continúen afectando el acceso y el desarrollo en nuestro país.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
