La potestad de la Asamblea Legislativa de investigar es, además de una garantía constitucional, un acto eminentemente político que busca, según lo ha definido la Sala Constitucional, “exponer ante la opinión pública hechos que puedan resultar políticamente reprochables”.

Sin embargo, esta prerrogativa no puede ejercerse de manera ilimitada. La misma Sala ha sido prolija en establecer las reglas del juego para evitar que la tentación política termine por reducir este legítimo privilegio a la categoría de circo, ajuste de cuentas o medio para desinformar a la sociedad, que es la beneficiada o perjudicada final de la buena o mala fe con la que se conduzca una investigación.

BCIE y SINART: dos temas separados imposibles de conectar

El 13 de septiembre de 2023, se creó la comisión legislativa “para investigar las contrataciones relacionadas con publicidad y empresas de medios alternativos y medios tradicionales, así como personas físicas, donde se encuentra relacionado el BCIE, el SINART, la agencia de publicidad del SINART y las diversas instituciones del Estado que han hecho contratación con dicha agencia”. Sí, así de extenso y variopinto es el nombre de la comisión.

Pasados ocho meses y 30 sesiones de esta Comisión Legislativa, es claro que existe un gran interés, o una gran omisión, o, por qué no decir, un gran esfuerzo político por conectar dos temas que no tienen relación entre sí: el SINART y el BCIE.

El SINART S.A. nunca ha firmado contrato alguno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y los únicos dos contratos firmados con un proveedor en común, el productor Christian Bulgarelli, fueron pagados por el SINART S.A. tras un debido proceso que determinó la legalidad de esos pagos.

Un ejemplo de esta confusión y asedio mediático es la cantidad absurda de titulares que calificaban de “inusuales” las contrataciones del SINART con fondos donados por el BCIE. Nada más lejos de la verdad.

En pocos días, la comisión que investiga al SINART debe rendir su informe. En mi condición de presidente ejecutivo, hago eco de las palabras de los letrados de la Sala Constitucional Barquero, Castro y Chavarría: “Debe tenerse presente, además, por la propia naturaleza del control político, que su ejercicio se presta a errores y equívocos. Lo que puede traducirse en sanciones materiales, con consecuencias graves y efectivas. De allí la importancia de entender que la Asamblea Legislativa y las comisiones especiales investigadoras están sometidas a los límites que les impone la Constitución, lo que incluye, necesariamente, el principio de proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales”.

El SINART: Un modelo de negocio que ya no funciona

El SINART S.A. se ha sometido, participado y apoyado de buena fe esta indagatoria, de la cual estamos seguros saldremos impunes. En el camino nos hemos encontrado fallas que hemos podido corregir; pero el mayor perjuicio ha sido en las finanzas de la institución, al punto que hoy el 85% de los ingresos proyectados para 2024 no han llegado. El excesivo escrutinio y las directrices giradas hicieron que las instituciones del Estado se alejaran del SINART antes incluso de que hubiese un informe final.

La falta de conocimiento de la comisión sobre el giro del negocio del SINART quedó evidenciada en las distintas sesiones, lo que lleva a concluir que la comisión no tenía como objetivo realizar una revisión al sistema de medios públicos; sin embargo, en su afán político, poco le importó el impacto negativo que podía generar en la institución y sus colaboradores. Quedó en evidencia también el absoluto desconocimiento de los diputados sobre la dinámica del mercado publicitario, el papel de los medios tradicionales y de las redes sociales, así como de las nuevas tendencias para alcanzar a las audiencias.

Es importante recordar que el SINART S.A. solo administra el 10% de la pauta estatal. El otro 90% parece no despertar ningún interés en los diputados. De ese 10%, el SINART S.A. ha cumplido un papel vital en la democratización de la pauta, para evitar la concentración de miles de millones de colones en publicidad estatal en poquísimos medios, pese a su evidente decadencia de penetración y audiencia por años.

Sin ingresos, el SINART no puede cumplir con su objetivo fundamental de producir y crear contenido de calidad. Un contrapeso importante a los programas ajenos, violentos y sin valores, que no reflejan la realidad y la idiosincrasia costarricense.

Esperamos que el informe final de esta comisión deje claro el rol que se desea que tenga una empresa de medios de comunicación pública como el SINART S.A. y la forma de financiarla, de tal manera que los políticos de turno no tengan injerencia en la institución.

De no ser así, desde el SINART S.A. nos comprometemos a llevar a cabo dicha discusión y proponer los cambios que sean necesarios para garantizar medios de comunicación pública donde todos los costarricenses, sin ningún tipo de distinción o discriminación, tengan un espacio para manifestar sus ideas y expresar su creatividad.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.