Fiscalía solicitó la suspensión del cargo a tres funcionarios del Setena.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó medidas cautelares en contra de las cuatro personas detenidas como sospechosas de cometer irregularidades en el trámite de permiso otorgados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

La petición se realizó esta mañana, en una audiencia que se encuentra en desarrollo desde ayer, en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Según el Poder Judicial, los funcionarios detenidos son Ulises Gerardo Álvarez Acosta, secretario general de Setena; Kenner Gerardo Quirós Brenes de la Dirección Técnica; y Magda Gutiérrez Durán, de la Dirección de Tecnologías de Información del Ministerio de Ambiente; así como un empresario de apellidos Murillo Martínez.

El Ministerio Público pidió que se les ordene presentarse a firmar una vez al mes, mantener domicilio fijo, impedimento de salida del país, entregar sus pasaportes, no comunicarse con testigos y no acercarse a un kilómetro de las oficinas de Setena.

En cuanto a los funcionarios Álvarez Acosta, Quirós Brenes y Gutiérrez Durán, el despacho también solicitó que se imponga la medida cautelar de suspensión del cargo.

El Ministerio Público detalló que se mantiene en desarrollo la exposición de la defensa técnica, por lo que se debe esperar a que esta concluya, para que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública emita la respectiva resolución.

La petición fiscal se realizó como parte de las diligencias que se siguen en la causa 21-011218-0042-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor.

La FAPTA inició la investigación, luego de que ingresara una denuncia en contra de funcionarios de Setena y particulares, ya que, en apariencia, estas personas se dedicaron a la comisión de delitos de corrupción, para la presunta obtención de beneficios indebidos en los trámites de viabilidad ambiental, los cuales debían ser aprobados por personal de esa institución.

Las detenciones por este caso se realizaron la mañana del 18 de junio durante una serie de 14 allanamientos coordinados entre la FAPTA y la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en las residencias de los sospechosos y en oficinas de interés de Setena en San José.

Las autoridades judiciales incautaron pruebas documentales, equipos electrónicos y otros indicios relevantes para la investigación.

El pasado 18 de junio, Randall Zúñiga López, director del OIJ, explicó:

En apariencia lo que se tiene es que esas personas facilitan o colaboran con las personas que quieran obtener estos permisos y les brindan los medios y los insumos para poder, en apariencia, tener estos permisos. Cuando se requiere obtener un permiso para poder tener algún tipo de viabilidad ambiental, se requiere contratar a personas o empresas consultoras quienes son los que se encargan de hacer todos los trámites para poder obtener el permiso para un tercero. Y en este caso, en apariencia, lo que tenemos es que los mismos funcionarios colaboraban de manera activa, presuntivamente, dentro de la obtención de estos permisos para favorecer, en apariencia, a unas empresas en particular".

El director de la policía judicial también señaló que se decomisará el teléfono celular de una técnica del Poder Judicial ya que dentro de las investigaciones se vieron algunas comunicaciones con las personas detenidas, y se busca determinar si tuvo alguna participación de relevancia en los hechos o no.

Dentro de la causa figuran nueve personas imputadas y el OIJ denominó el caso como Comején debido a que "el Comején se come o destruye la madera como tal", detalló Zúñiga López.