Definitivamente la seguridad social es un pilar del desarrollo nacional. Si este país no hubiera decidido establecer una visión de Estado donde el individuo y su bienestar colectivo fuera el centro de la sociedad, definitivamente la historia sería otra mucha más compleja que la que hoy vivimos.

No podríamos imaginarnos a una Costa Rica sin una educación pública, sin acceso a servicios de salud, en donde una mayoría de las personas adultas mayores, o bien aquellos que padecen de invalidez para trabajar, no tuvieran del todo una pensión, gracias a un sistema solidario; que ciertamente hoy en día enfrenta el reto de ser más profundo en materia de accesibilidad.

Frente a los cambios y evolución de las condiciones socioeconómicas globales para países como el nuestro, se hace necesario fortalecer los regímenes de pensiones, para poder enfrentar estos ajustes y garantizar a los ciudadanos un sostén en la etapa de la vejez, mediante un fondo de retiro sólido y sostenible en el tiempo.

Precisamente aquí es donde el tema de las inversiones se vuelve indispensable, ya que ningún régimen colectivo se sostiene únicamente con el aporte de las cuotas obrero-patronales.

Para nadie es un secreto que las opciones de inversión en el mercado local son escasas, y ello ha obligado a que los fondos de pensiones busquen alternativas más rentables en el exterior, las cuales además de ofrecer una diversidad de instrumentos, permiten generar aportes a la tasa actuarial y reducir el riesgo de colocación de los recursos.

Sin embargo, es importante que Costa Rica pueda contar con un mercado local más atractivo, que permita que esos recursos se queden en el país y que contribuyan de mejor manera al desarrollo nacional. Aquí es donde la inversión directa en proyectos de infraestructura pública con fondos de pensión es una ruta correcta.

Esta opción se ha estado discutiendo en nuestro país desde hace años, sin que haya podido materializarse aún, pese a que permitiría mejorar los rendimientos y generar recursos frescos para lograr mayor competitividad al país y calidad de vida para sus habitantes, fortaleciendo al tiempo los fondos de pensiones.

En el caso del Magisterio Nacional, la Ley 10.078 abrió esa puerta para que el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), administrado por JUPEMA pueda hacerlo, sin embargo, una diferencia de criterio con la SUPEN tiene estancada esa posibilidad, pese a que el ente regulador nos acompañó en el proceso de reforma a la Ley del régimen y conoció de este tema.

Pese a que la normativa permite a la institución invertir en un primer año hasta un 5% de recursos del RCC en proyectos de infraestructura, con un crecimiento gradual de la financiación en el tiempo, el hacerlo expondría a Jupema a una sanción en esta circunstancia.

Para que tenga una idea, hablamos de hasta 450 millones de dólares, aproximadamente, en ese primer año, que bien podrían generar desarrollo con reparación y construcción de vías, centros educativos, hospitales y otro tipo de proyectos que reactivan la economía, suman a la generación de empleo, a la competitividad del país y al fortalecimiento de las pensiones del RCC del Magisterio Nacional. Pero, además, hablamos de dinero que se genera en el país y se queda en el país.

Tras 10 años de lucha para lograr este cambio en la legislación seguimos pendientes de una nueva reforma o que un proyecto de ley de interpretación auténtica resuelva la diferencia con la SUPEN, un aspecto que esperamos logre avanzar de manera importante en este 2024, aunque eso no nos quita la triste sensación de que teniendo los recursos y las posibilidades de invertir en el desarrollo del país, nos lo impiden.

El fondo de pensiones del RCC es joven, robusto y sostenible. Actualmente es el más grande del país, con un crecimiento en el último año del 10.3%, es decir, actualmente maneja 9,676 millones de dólares. Pero más allá de eso, en general, que los regímenes de pensiones incursionen en este tipo de inversión sería crear las condiciones de ganar, ganar.

Los números en cuanto a las necesidades en infraestructura son claros. Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial en el 2022, Costa Rica ocupa el puesto 28 de 43 países evaluados, es decir hay un rezago importante.

Para alcanzar en el 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se necesita invertir 24.735 millones de dólares en obras de saneamiento, acceso al agua, electricidad, generación y transmisión eléctrica, transporte urbano masivo, banda ancha domiciliaria y redes móviles, así como infraestructura de caminos para el acceso a los servicios de transporte en el ámbito rural según estudio del BID. Adicionalmente, se podría invertir en infraestructura educativa donde hay 849 centros educativos con órdenes sanitarias y urgidos de mejoras, entre otras obras.

Los fondos de pensiones cuentan con 11 billones de colones y, si se pudiera invertir un 20% en obras de infraestructura, habría un gran salto al desarrollo del país como lo hicieron Chile y Colombia; y más allá de eso, sería crear las condiciones para mejorar las pensiones de los costarricense, en un país cuya población adulta mayor se duplicará en el corto plazo y donde existe un 40% que hoy no tiene acceso a una.

En medio de la urgente necesidad de dar respuesta certera al fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones para enfrentar los cambios sociales y las necesidades financieras de los regímenes, la pregunta que surge es por qué teniendo herramientas como esta, el país aún no se atreve a dar el salto.

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