También se pidió orden de captura contra tres líderes de Hamás.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó este lunes órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Galant, al imputarlos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023.

Según informó la CPI en un comunicado de prensa, la solicitud fue formulada por el fiscal Karim Asad Ahmad Khan ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte y ahora deberá ser analizada por dicha sala, para determinar si existe suficiencia evidencia presentada que determine que existen fundamentos razonables para creer que se ha cometido un crimen dentro de la jurisdicción de la Corte.

Si la Sala de Cuestiones Preliminares concluye que hay fundamentos razonables para proceder, emitirá la orden de arresto, será notificada a los países miembros de la Corte, de ser necesario se hará de conocimiento público y en adelante corresponderá a cada Estado miembro ejecutar la captura y posterior entrega del imputado ante la Corte en La Haya, Países Bajos.

El fiscal de la Corte imputó a Netanyahu y a Galant de siete delitos:

  • Hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, constitutivo del delito de crimen de guerra contrario al artículo 8(2)(b)(xxv) del Estatuto de Roma;
  • Causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud en contravención del artículo 8(2)(a)(iii), o trato cruel como crimen de guerra en contravención del artículo 8(2)(c)(i) del Estatuto de Roma;
  • Homicidio intencional en contravención del artículo 8(2)(a)(i), o asesinato como crimen de guerra en contravención del artículo 8(2)(c)(i) del Estatuto;
  • Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra en contravención de los artículos 8(2)(b)(i) o 8(2)(e)(i) del Estatuto;
  • El exterminio y/o asesinato en contravención de los artículos 7(1)(b) y 7(1)(a) del Estatuto, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, como crimen de lesa humanidad;
  • La persecución como crimen de lesa humanidad contrario al artículo 7(1)(h) del Estatuto;
  • Otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad contrarios al artículo 7(1)(k) del Estatuto.

En un comunicado de prensa el fiscal de la CPI sostuvo que los crímenes de guerra imputados se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás (junto con otros grupos armados palestinos) que se desarrolla en paralelo.

Sostenemos que los crímenes de lesa humanidad acusados ​​se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina de conformidad con la política del Estado. Estos crímenes, en nuestra opinión, continúan hasta el día de hoy.

"Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotografías y audio autenticados, imágenes de satélite y declaraciones del grupo presunto perpetrador, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana", declaró el fiscal.

Esos actos, detalló, se produjeron y producen mediante la imposición de un asedio total sobre Gaza que implicó cerrar completamente los tres puntos fronterizos: Rafah, Kerem Shalom y Erez, desde el 8 de octubre de 2023 durante períodos prolongados y luego restringir arbitrariamente la transferencia de suministros esenciales, incluidos alimentos y medicinas.

El asedio también incluyó el corte de tuberías de agua transfronterizas desde Israel a Gaza –la principal fuente de agua potable de los habitantes de Gaza– durante un período prolongado que comenzó el 9 de octubre de 2023, y el corte y obstaculización del suministro de electricidad desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta hoy. Esto tuvo lugar junto con otros ataques contra civiles, incluidos aquellos que hacían fila para recibir comida; obstrucción de la entrega de ayuda por parte de agencias humanitarias; y ataques y asesinatos de trabajadores humanitarios, que obligaron a muchas agencias a cesar o limitar sus operaciones en Gaza.

Según el fiscal, los imputados mantienen un "plan común" para utilizar el hambre como método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil de Gaza como medio para eliminar a Hamás, asegurar el regreso de los rehenes que Hamás ha secuestrado, y castigar colectivamente a la población civil de Gaza, a quien perciben como una amenaza para Israel.

Los efectos del uso del hambre como método de guerra, junto con otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza, son agudos, visibles y ampliamente conocidos, y han sido confirmados por múltiples testigos entrevistados por mi Oficina, incluidos locales e internacionales. médicos. Incluyen desnutrición, deshidratación, sufrimiento profundo y un número cada vez mayor de muertes entre la población palestina, incluidos bebés, otros niños y mujeres.

El fiscal de la CPI afirmó que si bien Israel tiene derecho a tomar medidas para defender a su población, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario.

"Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza –es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil– son criminales", concluyó.

Solicitud de orden de captura contra tres líderes de Hamás

El fiscal de la CPI también solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares emitir órdenes de captura contra tres líderes de Hamás: Yahya Sinwar (jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (“Hamás”) en la Franja de Gaza), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri , más conocido como DEIF (comandante en Jefe del ala militar de Hamás, conocida como Brigadas Al-Qassam) e Ismail Haniyeh (Jefe del Buró Político de Hamás), al sostener que son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023.

De acuerdo con la declaración del fiscal, los delitos imputados son:

  • El exterminio como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7(1)(b) del Estatuto de Roma;
  • Asesinato como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7(1)(a), y como crimen de guerra, contrario al artículo 8(2)(c)(i);
  • Tomar rehenes como crimen de guerra, en contravención del artículo 8(2)(c)(iii);
  • La violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad, en contravención del artículo 7(1)(g), y también como crímenes de guerra de conformidad con el artículo 8(2)(e)(vi) en el contexto del cautiverio;
  • La tortura como crimen de lesa humanidad, en contravención del artículo 7(1)(f), y también como crimen de guerra, en contravención del artículo 8(2)(c)(i), en el contexto del cautiverio;
  • Otros actos inhumanos como crimen de lesa humanidad, contrarios al artículo 7(l)(k), en el contexto del cautiverio;
  • Trato cruel como crimen de guerra contrario al artículo 8(2)(c)(i), en el contexto del cautiverio; y
  • Ultrajes a la dignidad personal como crimen de guerra, en contravención del artículo 8(2)(c)(ii), en el contexto del cautiverio.

"Mi Oficina sostiene que hay motivos razonables para creer que SINWAR, DEIF y HANIYEH son penalmente responsables de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023 y la toma de al menos 245 rehenes", dijo el fiscal.

Según la declaración, los tres imputados planearon e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre de 2023 y, a través de sus propias acciones, incluidas visitas personales a rehenes poco después de su secuestro, reconocieron su responsabilidad por esos crímenes.

Sostenemos que estos crímenes no podrían haberse cometido sin sus acciones. Se les acusa tanto de coautores como de superiores de conformidad con los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma.

El fiscal afirmó que hay motivos razonables para creer que los rehenes tomados en Israel han sido mantenidos en condiciones inhumanas y que algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida violación, mientras estaban en cautiverio.

Hemos llegado a esa conclusión basándonos en registros médicos, videos y pruebas documentales contemporáneas, y entrevistas con víctimas y sobrevivientes. Mi Oficina también continúa investigando denuncias de violencia sexual cometida el 7 de octubre.