Defensoría indicó que estudiantes que presentan denuncias por maltrato viven procesos revictimizantes.

La Defensoría de los Habitantes logró constatar que el proceso administrativo para denunciar actos por maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en los centros educativos sigue siendo revictimizante para las personas menores de edad.

En comunicado a la prensa la institución detalló que, con base en la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense, N° 9999, la cual empezó a regir en el 2021, constataron que tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), incumplen con algunos aspectos relevantes de esta normativa.

La Defensoría recomendó al MEP realizar un estudio de cargas de trabajo, ya que hasta agosto del 2023 se contaba con siete asesores para todo el país. Además, recomendó solicitarle a la autoridad presupuestaria las plazas necesarias para hacerle frente a la responsabilidad que exige la Ley. Mientras resuelven la situación, sugirieron el traslado de plazas para poder tramitar los expedientes que quedaron pendientes del 2023.

Según datos de Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, a noviembre del año anterior se habían tramitado 265 casos, de los cuales el 67 % estaba pendiente de resolver.

Además solicitaron a la cartera de Educación indicar las acciones que realizará para la instalación de espacios adecuados que garanticen la integridad emocional de las personas menores de edad y los resultados de las inspecciones realizadas a las Direcciones Regionales para verificar si reúnen las condiciones mínimas para las audiencias, según establecido en la Ley.

Otra recomendación es la de iniciar un proceso de capacitación para este año y convocar una comisión interinstitucional conformada por un representante del Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, la Contraloría de Derechos Estudiantiles y del Instituto Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano.

Además deberá, en un plazo de 6 meses, remitir copia del Reglamento a la Ley N° 9999 y sus reformas, el cual al momento de la investigación no existía.

A la Presidencia Ejecutiva del PANI, la Defensoría le recomendó emitir una circular a todas las Direcciones Regionales informando sobre la Ley y del deber de acompañar a las personas menores de edad víctimas, de conformidad con lo establecido.

El ente defensor señaló que, a raíz de una denuncia recibida, constataron que personal del PANI no se hizo presente a una audiencia de repregunta programada y en tres días diferentes estuvieron ausentes los profesionales de psicología del MEP y las autoridades del PANI.

La Defensoría reiteró la importancia de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estudiantes y ha recalcado que, "en el trato y vinculación docente/estudiante subyace una relación de poder, de manera que, cuando ese poder es ejercido en forma abusiva por la persona docente -como ocurre en situaciones de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor- en perjuicio de una persona estudiante menor de edad, resulta claro que ésta se encuentra en una posición de vulnerabilidad y evidente desventaja, debido a su edad, menor experiencia y situación de dependencia". 

La Defensoría compartió que en dos años de ejecución de esta Ley, los casos que procesa el Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, han ido en aumento.

En el 2021, con solo tres meses de ejecución de esta Ley, se presentaron 20 denuncias; para el 2022 se tramitaron 356 y para noviembre de 2023 se habían tramitado 265 casos.

En el primer año de la Ley, el 65% de las denuncias fueron sancionadas con suspensión, despido y cese, mientras que el 35% fue resuelto por absolutoria y archivo por falta de mérito. Para el 2022, el 51% representó una sanción, mientras que el 49% fue absuelto o archivo.

A noviembre de 2023 ya se habían sancionado el 71 % de las denuncias finalizadas, y el 25% fue archivado y/o absuelto.

Sobre las regiones donde más se tramitan denuncias, la Defensoría compartió que para el primer año fueron las Direcciones Regionales de Educación en San Carlos y Coto. Para el 2022 fue la Dirección Regional de Alajuela y para el 2023 la de Heredia, mientras que la Dirección de Sulá es una de las Regiones donde se presentan menos denuncias.

Posición del PANI

Posterior al comunicado de la Sefensoría, la presidencia ejecutiva del PANI compartió que desde el 14 de marzo informaron a todos los Directores Regionales, así como a los Coordinadores de las Oficinas Locales, de la existencia de la  ley 9999, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa en junio del año 2021, precisamente con la finalidad de evitar experiencias que revictimizaban a las personas menores de edad en el régimen disciplinario del sistema educativo.

“Se solicita socializar a sus funcionarios, y ante cualquier conocimiento de una situación violatoria de derecho relacionada con la ley 9999, abordar conforme a los lineamientos internos ya establecidos”, puntualizó el PANI en la CIRCULAR PANI-PE-CIR-004-2024.