Defensoría considera que la discusión en relación con el tema de las frecuencias para radio y televisión ha sido limitada.

La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al proyecto de Decreto Ejecutivo para reformar parcialmente el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito.

La Defensoría señaló que resulta injustificable que el Gobierno de la República no haya adoptado, con tiempo suficiente, las medidas necesarias que permitieran contar en tiempo con los estudios técnicos y con los requerimientos necesarios para haber realizado los procedimientos correspondientes, tanto para llevar a cabo la ampliación, como para la elaboración de los carteles para los concursos para adjudicación de las concesiones, previo a su vencimiento, es decir, a partir del mes de junio del presente año.

Sobre el fondo, en el tema de las prórrogas, la Defensoría considera que el reglamento vigente estableció ya un procedimiento para ampliar las concesiones por un plazo que no supere el máximo de ley establecido en 25 años. Esta situación otorga el derecho a los concesionarios que, en cumplimiento del artículo 33 del Reglamento, hayan planteado dicha solicitud de prórroga, por el plazo señalado, por lo que se deberán atener a las solicitudes planteadas mediante resolución motivada.

Adicionalmente, indicaron que la Administración no estableció los criterios ni técnicos ni legales que venga a justificar el plazo de un año, como el establecido para la ampliación y que, a consideración de la institución, haría nulo el derecho de los concesionarios que hayan solicitado, en tiempo y forma la ampliación.

Pese a lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que la discusión en relación con el tema de las frecuencias para radio y televisión ha sido limitado. En un comunicado a la prensa, este 23 de mayo indicaron que:

Sólo se ha centrado sobre los temas de prórroga, actos preparatorios de concesión y el canon, sin tomar en consideración, como ha sido reconocido por diversos actores como la Contraloría General de la República y la propia SUTEL, que el país carece de un marco regulatorio integral en relación con la materia".

En este sentido, el ente defensor llamó a las autoridades del Gobierno, para que se pueda aprovechar el tiempo restante para el vencimiento de las concesiones, que permitan al país contar con una nueva ley que venga a regular el tema de radio y televisión con criterios actuales y permita adoptar medidas razonables en materia técnica y legal del uso de frecuencias.

Agregaron que, de continuar con la línea aquí planteada por el gobierno, de limitar al plazo de un año y a la discusión a temas de concesión y cánones, Costa Rica pierde la oportunidad de tomar decisiones con visión de futuro, al quedar nuevamente amarrado el tema por 25 años a concesiones que serán otorgadas bajo parámetros que no se ajustan a criterios técnicos y legales actualizados y por tanto con falta de visión a futuro.

Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, dijo que una vez que el país cuente con una ley propia, moderna y con visión de futuro en materia de radio y televisión, se “dispersarán los nublados del día”, al contarse con los criterios técnicos y legales, que sirvan a la construcción de una política pública, y un nuevo Plan Nacional de atribución de Frecuencias.

Estas herramientas proyecta que darán como resultado las bases técnicas y legales de cara a la elaboración del cartel de licitación o procedimiento concursal, para la concesión que nos regirá por los próximos 25 años.