Tras revisar la información de avance brindada por el Ministerio de Justicia y Paz.
La Defensoría de los Habitantes informó esta tarde que tras revisar la información detallada que le brindó el Ministerio de Justicia sobre los avances en el cumplimiento de las 10 metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, concluyó que “el Poder Ejecutivo diseñó ese plan con metas poco realistas en materia de seguridad ciudadana y justicia”.
De acuerdo con la información recopilada, Justicia debió solicitar una serie de modificaciones en tales metas, por ejemplo, en cuanto a la participación de privados de libertad en procesos de reinserción social y actividades remuneradas en las regiones periféricas; la construcción de Delegaciones policiales y analiza cambios en las metas del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia” y su componente “Efectividad policial”.
Adicionalmente, desde la Defensoría detallaron que sobre el tema de delegaciones policiales, Justicia realizó cambios en la estrategia de selección y adjudicación de oferentes para construir delegaciones policiales, coordinó con Fuerza Pública un prototipo de delegación para estandarizar obras y otras acciones que no contempló antes y que explican los retrasos durante 2023 e informó, mediante un cronograma, las delegaciones que serán construidas.
Dentro de la programación de obras se informó que en el segundo trimestre del 2024 se construya la delegación de Horquetas, en el tercer trimestre las de Santa Ana, Desamparados Norte, la distrital de Puerto Viejo y Puntarenas norte, e iniciada la construcción de la delegación de Guácimo, San Ramón, Batán y Hatillo, mientras que, en el cuarto trimestre, se iniciaría la construcción de la delegación de El Guarco, Nicoya, Abangares y Belén de Santa Cruz. En este sentido, la Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de estos compromisos en los plazos definidos.
Tras revisar la información, la Defensoría concluyó que “el Poder Ejecutivo incluyó iniciativas en el PND a las cuales no les dotó de los recursos humanos necesarios y por ello se han incumplido las respectivas metas”.
Adicionalmente, sobre el sector "Seguridad Ciudadana y Justicia", la Defensoría consideró que "exhibe debilidades para ejecutar el presupuesto asignado, entre otras razones, porque sus instituciones no incluyeron los "gastos de capital" en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), y por ello en 2024 se ha debido brindar acompañamiento a las instituciones del sector, para que registren apropiadamente sus "gastos de capital" en dicho registro público".
Desde la Defensoría, añadieron que, a seis meses de formulada la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica – Segura Plus 2023-2030”, el Rector Sectorial todavía no sabe si será necesario cambiar las metas del PND en seguridad ciudadana y justicia, para armonizarlas a dicha política.
