Otros cuatro funcionarios fueron suspendidos 15 días en primera instancia.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó suspender sin goce de salario a Gabriela Chacón Fernández, recientemente nombrada como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), por su presunta implicación en la contratación irregular de abogados externos a la institución.
Según reveló el diario La Nación, Chacón fue suspendida sin goce de salario por 20 días como consecuencia de la investigación hecha por el ente contralor.
De acuerdo con el medio de Tibás, la pesquisa de la Contraloría reveló que Chacón, en su anterior papel como asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS, promovió y gestionó la contratación directa de abogados externos sin seguir los procedimientos administrativos adecuados, incluida la contratación del bufete DPI Legal y de José Paulino Hernández, para llevar a cabo una investigación preliminar y un proceso disciplinario contra el auditor general del INS, Gustavo Retana Calvo.
La Contraloría también sancionó a otros funcionarios del INS involucrados en este caso, incluyendo a Carlos Gamboa Ramírez, Carmen González Ramírez, Gabriel Pérez Salguera y Katherine Phillips Quesada, quienes ocupaban cargos en la Unidad de Contratación Directa, Proveeduría, expresidencia ejecutiva y subjefatura de Proveeduría, respectivamente. Todos recibieron una suspensión de 15 días sin goce de salario.
De acuerdo con La Nación, Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo, confirmó que los abogados externos fueron contratados para abordar una denuncia anónima presentada contra el auditor general. Aunque la investigación resultó en una recomendación de despido, la Contraloría General de la República no ratificó la sanción, concluyendo que no existía una "justa causa" para ello.
En respuesta a las sanciones impuestas, Chacón Fernández expresó en un vídeo publicado por el INS en su Facebook oficial su desacuerdo con la decisión de la Contraloría, anunciando que presentará recursos de revocatoria y apelación esta semana y señalando que las acusaciones en su contra son infundadas y que las medidas tomadas son desproporcionadas.
La Contraloría General de la República informó la mañana de este miércoles que la resolución del procedimiento administrativo fue notificada el martes a las partes, y que se encontraba vigente el plazo para impugnar, el cual es de cinco días, por lo que no podían desde la institución dar acceso a la resolución de sanción o al expediente del caso.
"Es muy importante indicar que las personas investigadas en ese procedimiento administrativo tienen conocimiento del mismo desde el acto de apertura, que fue del 24 de agosto del 2023, y a la Presidenta Ejecutiva se le notificó el 11 de setiembre del 2023, de modo que al momento de su nombramiento en dicho puesto ella tenía pleno conocimiento de este procedimiento administrativo, por lo que no es atribuible a la CGR que dicha resolución final del procedimiento se dicte cuando ella se encontrara ejerciendo ese puesto", dijo la oficina de prensa de la Contraloría.
Según el ente contralor, el caso se tramita bajo el expediente administrativo CGR-PA-2023004188 y versa sobre "presuntas contrataciones irregulares de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral, promovida por el Instituto Nacional de Seguros mediante los procedimientos de contratación números: 2021CD-0000403-0001000001 y 2022CD-000073-0001000001".
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Nota del autor: Esta noticia fue actualizada a las 10:57 horas del 29 de mayo de 2024 para consignar declaraciones de la Contraloría General de la República.
