Hechos ocurrieron en Santa Cruz el pasado 8 de abril.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, condenó este viernes al Estado tras acreditar que un hombre de 31 años fue torturado por efectivos de la Fuerza Pública de Santa Cruz a inicios de este mes por ser sospechoso de un robo.
Según informó la oficina del tribunal constitucional, la víctima fue aprehendida y traslada a un sector conocido como las Huacas, en Santa Cruz de Guanacaste, donde la acostaron boca abajo, le prensaron los pies y las manos, lo golpearon en varias partes del cuerpo, le colocaron un chuzo eléctrico y le generaron quemaduras de segundo grado con plástico derretido.
La abogada de la recurrente narró a los magistrados que su representado fue luego trasladado a un centro médico, no sin antes que le retiraran los residuos de plástico derretido para que no quedaran rastro de material, y lo amenazaron para que no contara al médico sobre la agresión sufrida.
Ante los hechos narrados la Sala Constitucional ordenó una valoración médico legal de la víctima, la cual fue realizada por la Unidad Médico Legal del Organismo de Investigación Judicial de Santa Cruz el 10 de abril, el cual concluyó que:
A la valoración médico-legal actual, con excoriaciones en el cuero cabelludo, rostro y espalda, quemaduras de segundo grado superficiales, ubicadas en la espalda, brazo derecho, codo derecho, antebrazo derecho y mano derecha. Por lo anterior, el Sr. Chavarría Aguirre sí presenta lesiones (tipo excoriaciones y quemaduras), dadas las características de las lesiones encontradas se estima amerita incapacidad temporal de cinco días a partir de la fecha de los hechos. Las lesiones descritas sí son compatibles con la historia médico legal narrada y usualmente sanan sin dejar secuelas.
Por sentencia 2024-11213, la unanimidad del tribunal concluyó que, si bien el subdirector de la Delegación Policial de la Fuerza Pública de Santa Cruz adujo que lo alegado por la abogada de la víctima carecía de sustento y negó la agresión acusada, lo cierto es que la valoración médico legal determinó que el tutelado sufrió lesiones que ameritaron una incapacidad de importante magnitud y concluyó que tales signos de agresión sí eran compatibles con los hechos narrados por él.
A partir de lo anterior, los magistrados declararon con lugar el recurso de habeas corpus, condenaron al Estado y, además, ordenaron que de inmediato se comunique y gestione lo que corresponda ante las instancias competentes del Ministerio de Seguridad Pública, a fin de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los oficiales involucrados en los hechos de agresión acusados.
La sentencia integral de este caso aún se encuentra en redacción, y según la Sala, una vez que esté debidamente anonimizada y notificadas las partes, se procederá a publicarla en el sitio web del Poder Judicial para que cualquier persona puede acceder a ella.
La Sala que deliberó el caso estuvo integrada por Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal (instructor), Luis Fernando Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Ileana Sánchez Navarro.
