Incofer había acordado la donación en 2022, pero decisión fue anulada por la Contraloría General de la República.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Marta Carballo Arce presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.249) para autorizar que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) done a la Municipalidad de Limón un terreno de su propiedad de 4,6 hectáreas donde se encuentra el Centro Neurálgico y Principal de Operaciones del Incofer en el Caribe.
El Incofer ya había realizado un intento de donar los terrenos a la Municipalidad de Limón, sin embargo, ese acto fue anulado por orden de la Contraloría General de la República por considerar que el acuerdo carecía de fundamento técnico necesarios. Adicionalmente, al anular el acto, la Contraloría le recordó al Incofer que los activos del tren tienen una protección constitucional especial que impide transferirlos o desafectarlos mientras estén todavía en uso.
Según señaló el expresidente del Incofer, Mario Arce Guillén a La Nación tras su salida del gobierno, él no estuvo de acuerdo con la donación y esta se dio por la orden directa del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para atender una petición del entonces alcalde limonense, Néstor Mattis Williams.
Arce incluso habría expresado su oposición a la donación de los terrenos, previo a la orden de Chaves, señalando en el oficio Incofer-PE-OF-0512-2022 que los terrenos eran todavía importancia para la institución e indicando:
Dada la importancia de las actividades que actualmente se desarrollan en el sitio, es claro que se trata de un inmueble vital, medular, estratégico, con una indiscutible y absoluta vocación ferroviaria e indispensable y necesario para la operación actual y vigente del Incofer en el transporte de carga y de turistas en la vertiente atlántica.”
Sobre la motivación para el traslado de terrenos, la exposición de motivos de la iniciativa de ley señala:
La intencionalidad del proyecto es muy simple, frente a una realidad, tangible, palpable, evidente, de desaprovechamiento de un inmueble que se encuentra en abandono por el evidente desinterés de Administraciones anteriores y con unos rendimientos mínimos en la satisfacción de los servicios y necesidades colectivas, se propone su traslado a la Administración Pública Municipal, para que los aplique a la satisfacción de unos servicios, muy reales, muy concretos, muy sentidos y de actualidad, que prevalecen sobre un sistema ferroviario que hoy aporta muy poco al sistema de transporte nacional”.
El proyecto presentado por la diputada Carballo no incluye estudios técnicos ni hace referencia a si estos siguen siendo necesarios para la infraestructura ferroviaria del país.
Adicionalmente, el proyecto sería redundante ya que la Asamblea Legislativa había aprobado en junio del 2021 una ley autorizando la donación del terreno del Incofer a la Municipalidad de Limón (Ley 9995).
Esa la ley autoriza, es decir no obliga, al Incofer a valorar la donación, y el artículo 122 de la Constitución Política establece que "los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado", lo cual recordó la Contraloría cuando anuló el acuerdo de donación, añadiendo que "no procede la desafectación legal de bienes que actual o potencialmente estén destinados a la explotación ferrocarrilera".