Auditoría señala que alta dirección del IC queda debiendo en materia de prevención de hechos irregulares.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuyo propósito fue determinar si las acciones implementadas ante indicios de conductas presuntamente irregulares, prevención y atención de delitos se realiza conforme el marco normativo y de buenas prácticas aplicables.
Según informó la CGR, la auditoría comprendió la fiscalización de las acciones implementadas por el ICE ante indicios de conductas presuntamente irregulares y de prevención y atención de delitos, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.
Desde la Contraloría destacaron que las acciones preventivas en materia de conductas irregulares son "esenciales para salvaguardar el interés público y la integridad de las instituciones públicas, aspectos que en el ICE reviste de mayor importancia en función de la cuantía de recursos públicos que administra y el volumen de sus compras públicas". La CGR añadió que estas acciones "aseguran el uso eficiente de los fondos públicos, promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la gestión pública y refuerzan el estado de derecho y la justicia, mejorando la percepción y competitividad de Costa Rica a nivel internacional".
Desde la Contraloría señalaron que la alta dirección del ICE está en deuda en acciones, tanto normativas como de buenas prácticas, en materia de prevención de hechos irregulares.
Dentro de los principales hallazgos de la auditoria sobre la prevención y detección de conductas irregulares se encontró:
- Carece de un modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control. Tampoco se cuenta con dependencia encargada de supervisar este proceso según establece la Ley N.° 9699 y su reglamento.
- No se dirigen esfuerzos hacia el desarrollo de una cultura organizacional que priorice la prevención, detección y manejo de conductas presuntamente irregulares.
- Ausencia de estrategia de capacitación para todos los funcionarios y partes interesadas, en temas relacionados con la prevención de fraudes, corrupción y delitos.
- No se identifican y evalúan de manera formal los riesgos asociados a fraude, corrupción y otros delitos.
- Desactualización de normativa y procedimientos relacionados a ética y prevención de conductas presuntamente irregulares; tampoco están alineados al cambio organizacional.
- Inexistentes mecanismos y controles para supervisar plazos de caducidad y prescripción en procedimientos disciplinarios. Falta de registros para el seguimiento de plazos y sistemas de alerta ante posibles vencimientos
Adicionalmente, sobre las denuncias y mecanismos en relación a conductas irregulares, se encontró que:
- No se comunica de forma efectiva la existencia de canales de denuncia, forma de uso y derechos al presentar una gestión de este tipo.
- Tampoco se asegura que estos canales sean accesibles y visibles.
- Carencia de procedimientos de control para atención de denuncias, investigaciones o gestión disciplinaria; que aseguren la prevención de conflictos de interés y protección de la confidencialidad del denunciante e información relevante para sustentar la apertura de procedimientos o procesos judiciales.
- No existen medidas para proteger al denunciante y testigos contra represalias. Tampoco existen procedimientos para comunicar resultados a los denunciantes.
- Ausencia de sistemas de control adecuados para el manejo y protección de información vinculada a denuncias, investigaciones y procedimientos administrativos.
La auditoría ordena a la Gerencia General elaborar e implementar una “estrategia de gestión de riesgo de fraude, corrupción y otras conductas irregulares. Esta estrategia debe incluir la identificación y evaluación de riesgos tanto internos como externos, la asignación de roles y responsabilidades específicas dentro de su estructura organizativa para manejar eficazmente dichos riesgos, así como establecer mecanismos de control para el monitoreo y seguimiento continuo de estos riesgos, junto con la documentación y actualización permanente de toda información pertinente”.
Además, dispone que debe elaborar e implementar un “Programa de divulgación y capacitación para prevenir conductas irregulares, fraude, corrupción, y otros delitos y un Procedimiento de control para recopilar, procesar mantener y custodiar información de calidad sobre las gestiones de atención de denuncias, Investigaciones Preliminares y Procedimientos Administrativos Disciplinarios”.
Tras la publicación del informe de auditoría, desde el ICE señalaron que analizaran el contenido y las disposiciones de la Contraloría y añadieron que en actualmente no existen casos o elementos puntuales que evidencien una gestión poco transparente a lo interno de la organización, por lo que el informe es de carácter preventivo. Además, aseguraron que recientemente la Institución renovó su Estrategia para el fortalecimiento de la cultura de integridad pública, el Código Corporativo de Ética y Conducta y el Procedimiento para la Gestión Disciplinaria en el ICE.
