La mensualidad de 62 millones de colones que paga la Sala Constitucional en alquiler —si lea bien, una cuantiosa suma de 62 millones mensuales que llega directamente a la cuenta de una empresa que tiene negocios con el Estado Costarricense mes a mes— es una realidad que ya no puede esconderse.
Tenían cerca de 3 mil millones para arreglar el edificio del Poder Judicial en 18 meses, y en siete años vamos pagando más de 5.208 millones de colones, ¿quién entiende esto, metemos un recurso de amparo, ¿quién podrá defendernos? ganas de llorar verdad, ya decía el Jesuita Romero “la Justicia es como las serpientes solo muerde a los descalzos”, las cárceles están llenas de pobres solamente, ¿qué será?
El Poder Judicial paga por año más de 744.000 millones de colones en el alquiler del edificio que ocupa la Sala Constitucional, y que se encuentra a varios kilómetros del centro de San José, por el sector Sabana, en calle Morenos, el edificio se llama Impala, la familia Wendel Pacheco es dueña del inmueble. ¿Cómo siendo un organismo tan importante para la sociedad costarricense, su acceso geográfico tiene serias limitaciones? Curioso la Justicia haciendo injusticias, costumbre dañina.
Las justificaciones que dieron para proceder en un inicio por 18 meses, fue el reforzamiento de la sede del Poder Judicial en San José, ante fallas de índole estructural. Así se ocupaban 3 mil millones para el mejoramiento de toda la infraestructura cuya finalidad era resguardarse ante problemas sísmicos, seguridad del personal colaborador, entre otras, el tiempo ha pasado, la situación sigue siendo la misma, el alquiler cuantioso y jugoso que pagamos se sigue dando mes con mes ganancias, que ha cambiado el discurso solamente.
¿Qué paso con el arreglo de la Sala Constitucional? Los y las magistradas deben dar un ejemplo intachable de los resguardos del dinero público, es un deber ético que tienen, el resguardo de la justicia está bajo sus manos, es injusto, que sigamos pagando 62 millones por mes y más de 744 millones de colones anuales teniendo casa propia, hacia donde está la balanza de la Justicia, no son ustedes las personas encargadas constitucionalmente de enmendar las injusticias, cuanto dinero pagan en los varios edificios alquilados, mientras el crimen sigue creciendo pero, para intervenirlo no hay dinero, para pagarle mejor a sus colaboradores no hay dinero, para alquilar sí.
El gran elefante blanco que sostienen con esta jugosa tajada del pastel que beneficios trae a la justicia costarricense, ustedes deberían resguardar los derechos más básicos de un país, prevenir la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la justicia jamás debería sacar provecho de los bienes públicos, del dinero del pueblo, sin embargo, lo hacen a vista y paciencia incluso el control político es cómplice de esta barbarie. Consideran ustedes que es de recibo señores magistrados y magistradas, que teniendo la casa en barrio González Lamahan la Sala Constitucional no quiera regresar desde hace siete años.
¿Qué tiene que decir ante esto la señora Contraloría General de República? ¿Es ético señora este proceder del Poder Judicial? ¿Se le puede sancionar? ¿Qué tiene que decir la Defensoría de los Habitantes? ¿Es que a la Sala Constitucional la dejamos hacer lo que quiera? ¿Qué tiene que decir la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial ante esto? Nosotros, nosotras como personas ciudadanas debemos aprender a hacer un buen control político, control político que las diputaciones no son capaces de hacer o simplemente no les interesa.
¿Cómo es y cuál es el negocio señores magistrados y magistradas para que todo el pueblo gane, inviten al pastel, dejen de dejarnos perdidas e injusticias? Por diez años firmaron el contrato, pero al pueblo, a la gente común les dijeron en primera instancia que era irse por un año y 8 meses, situación alargada ya a 7 años. No han sido honestos ustedes desde el principio, deber ético para estar en las mieles de la justicia de un país, ya que no necesitaban firmar un contrato por diez años, si sabían que la reparación dudaría 2 años máximo, gato encerrado, los arañazos de este los sufre la clase trabajadora, el ciudadano en general.
¿Qué se hará señores y señoras magistradas? ¿Qué nos dirán ahora al pueblo de Costa Rica? ¿qué van a comprar un edificio que no les quieren vender? ¿No les da vergüenza sostener a ese gran elefante blanco? Hablan de delincuencia, de crimen organizado, pero acaso ustedes no trasgreden las leyes con este proceder, ¿cómo defendernos de ustedes? Sí, se supone que ustedes son la más alta administración de la justicia aquí en este pueblo, en esta tierra, hago un llamado de urgencia al pueblo, al soberano ante tanta indiferencia bien pensada, articulada y planificada de quienes “garantizan” nuestros derechos más básicos.
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