El proyecto parte de que el terreno vendido no era propiedad de la Fundación Conservatorio de Castella.

Diputados de distintas fracciones legislativas presentaron, este lunes, un proyecto de ley que busca declarar de uso público el terreno en el que se encuentra el Teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio Castella, a fin de evitar que se consume la venta de la propiedad, cuya escritura de traspaso se concretó la semana pasada.

Se trata del proyecto de ley 24.200, Ley para afectar al uso público de la finca en la que se encuentra el Teatro Arnoldo Herrera del Centro educativo Conservatorio Castella, el cual nació como respuesta a la venta que la Fundación del Conservatorio Castella, propietaria registral del terreno y que es presidida por Gustavo Rojas Antillón, consumó el pasado 28 de febrero.

Según indicó La Nación, el terreno fue vendido por $3,5 millones a la sociedad de responsabilidad limitada 3-102-897301, cuyo gerente y apoderado generalísimo es Rolando Beeche Durán, según consta en el documento de compraventa del inmueble.

Esta empresa, según consignó también el diario tibaseño, se inscribió el pasado 13 de febrero, 15 días antes de la compra, con sede en Avenida Escazú, exactamente en las oficinas del bufete Gómez y Galindo y con dedicación al negocio de los bienes raíces. En la misma escritura de la compra consta que la compra se realizó a partir de un préstamo hipotecario con el banco Promérica.

Además, en el mismo documento, que según el diario de Tibás fue notariado por la abogada Carla Baltodano Estrada, se consignó que la empresa compradora del inmueble sabe que no puede tomar posesión del terreno porque, dice textualmente, este “está siendo ocupado en precario por el Estado costarricense”.

La escritura también señala que la compradora aceptó hacer las diligencias necesarias para “desalojar del inmueble a la ocupante o tolerar su permanencia según sea su decisión, aceptando soportar cualquier tipo de afectación temporal indefinida en la defensa que, eventualmente, haga el Estado de su ocupación precaria, corriendo con los gastos que ello ocasione y renunciando a cualquier reclamo civil, penal, administrativo, arbitral y de toda índole contra la vendedora o contra sus miembros que la representan en lo personal".

"La vendedora deberá colaborar con la compradora en todos los trámites y procesos que sean necesarios y que estén a su alcance para lograr el desalojo de la finca, con el fin de que la compradora pueda usarla libremente”, agrega la escritura.

Otro de los puntos polémicos de la venta fue que la Fundación estableció una condición para que los $3,5 millones provenientes de esta venta se utilicen en la construcción de un nuevo auditorio y en la reparación de la sede central del centro educativo. La condición es que el Estado le entregue a la Fundación, en un plazo no mayor a 18 meses, la administración completa del terreno del Castella que está ubicado en Ulloa, una cláusula que también incluye la administración del lote del teatro.

Según señala la propia escritura de venta del teatro, publicada por La Nación, si no se cumple esta condición ya sea por “mutuo acuerdo”, por resolución por la vía legal, por conciliación o por arbitraje, la Fundación utilizará los $3,5 millones para desarrollar otro conservatorio como el Castella, en un sitio que considere adecuado.

La escritura agrega que este nuevo conservatorio sería un proyecto “semejante”, en donde se cultiven las artes y los principios académicos, de manera que se cumpla con lo estipulado por Carlos Millet de Castella en su testamento. Mientras tanto, los fondos permanecerán en un fideicomiso a nombre de la Fundación en una entidad del sistema bancario nacional.

Proyecto para afectar al uso público el terreno

Conferencia de prensa de presentación del proyecto.

Debido a lo anterior, y a todas las manifestaciones que ha generado este tema en las últimas horas, el diputado del Frente Amplio Ariel Robles Barrantes presentó el proyecto de ley (expediente 24.200) que tiene como objetivo "afectar al uso público el terreno donde se ubica el Teatro Arnoldo Herrera del Centro Educativo Conservatorio Castella, ubicado al lado del Parque Metropolitano La Sabana".

El proyecto contó con las firmas de respaldo de  Kattia Rivera Soto del Partido Liberación Nacional (PLN), Horacio Alvarado Bogantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); la independiente María Marta Padilla Bonilla, Ada Acuña Castro de Progreso Social Democrático (PPSD); y los frenteamplistas Johnatan Acuña Soto, Antonio Ortega Gutiérrez y Priscilla Vindas Salazar.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que esto se debe a "su claro y notorio interés público en relación con la promoción del arte y la cultura dado que ahí más de mil estudiantes se forman anualmente en distintas artes escénicas", al tiempo que se parte de que el terreno vendido no era en realidad propiedad de la Fundación Conservatorio Castella. El artículo 1 de la iniciativa de ley señala como propietario del terreno al Centro Educativo Conservatorio Castella, a pesar de que el Registro Nacional consigna como propietario a la Fundación Conservatorio de Castella.

Adicionalmente el articulo 2 de la iniciativa de ley establece que el propietario del terreno deberá "conservar, restaurar, rehabilitar y mantener la infraestructura de dicho inmueble".

Según el proyecto, existe un "conflicto entre la citada fundación y el Conservatorio Castella [que] ha alcanzado niveles de confrontación" como el que deriva en la discusión sobre la propiedad de los dos terrenos del centro educativo:

En abril del 2013 fue presentada ante el Ministerio Público una denuncia por el entonces presidente de la Junta Administrativa del Conservatorio del Castella, de que la titularidad de las dos fincas en las que se encuentra situado el Conservatorio de Castella, fincas bajo las matrículas 4-183361-000 y 1-524964-000, fue modificada y puesta a nombre de un tercero denominado Fundación Conservatorio de Castella, esto pese a que la primera finca ya había sido declarada de interés público, tal y como consta a la fecha en el Registro Nacional de la Propiedad".

Por ello, la noticia de la venta del terreno del teatro es, para los diputados proponentes, una acción que "atenta contra los derechos fundamentales, a la cultura y su promoción en nuestra sociedad, consignados en la Constitución Política de nuestro país".

Estudiantes y padres de familia protestaron contra la venta del terreno en que se encuentra el Teatro.

Durante la conferencia de prensa de presentación del proyecto este lunes, el diputado Ariel Robles señaló que:

Es claro en el acta notarial que el teatro se está vendiendo para su demolición y es así de explícito, el teatro lo van a demoler y eso no puede pasar inadvertido y en silencio (...). Una parte del teatro fue una donación de su persona fundadora pero esa primera donación fue solo una parte del terreno, todo el crecimiento que ha tenido el Conservatorio Castella fue a partir de un servicio público y de fondos públicos y donde hoy está el teatro, más allá de la donación, se compró con fondos públicos. Entonces aquí no importa qué tan famosa sea la persona que está detrás de los intereses de venta, aquí vamos a velar por el interés de las personas estudiantes, que es un interés superior, y por el interés de que se respete un servicio público que se está brindando por esa institución y vamos a seguir velando porque el carácter público de esa institución se respete".

El proyecto entra ahora a la corriente legislativa a la espera de que se le asigne comisión para su análisis.