El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate el proyecto de ley de la Unidad Social Cristiana para obligar al Ministerio de Hacienda a destinar a favor del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Paz, y del Organismo de Investigación Judicial el 100% de lo que recaude por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas durante los años 2025 y 2026.
La iniciativa, tramitada en el expediente 23.973, recibió el voto unánime afirmativo de los 45 presentes, incluido el oficialismo pese a que el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, aseguró falsamente a finales de febrero, posterior al primer debate, que el proyecto les reducía el monto que recibe la Fuerza Pública por concepto del impuesto, pues pasa el porcentaje destinado a su favor de un 90% a un 75%, para en su lugar aumentar el porcentaje destinado al Poder Judicial (OIJ) de un 5% actual al 15%, y al Ministerio de Justicia del 5% actual a un 10%.
La @asambleacrc aprueba reducir el monto que recibe la @fuerzapublicaCR del Impuesto a Sociedades. Se reduce el monto de un 90 a un 75%...
"Quitarle recursos a la Policia, en este momento, implicará un debilitamiento del servicio."
Mario Zamora, ministro de Seguridad. pic.twitter.com/gOYZSDbdlb— Seguridad Pública (@seguridadcrc) February 29, 2024
Los números, sin embargo, son muy distantes a lo afirmado por el ministro y en realidad muestran que su cartera recibirá más recursos gracias a esta ley en el 2025 y 2026 pues el Ministerio de Hacienda, hasta la fecha, no le ha girado al MSP el 100% de los recursos que le corresponden por ley.
Según la Ley de Presupuesto Nacional 2024, este año el gobierno central tiene previsto recaudar 27.467.188.170 colones por concepto de este impuesto, de modo que si Hacienda cumpliera con girar los porcentajes actualmente vigentes, el Ministerio de Seguridad debería recibir 24.720 millones, mientras que el MJP y el Poder Judicial recibirían cada uno 1373 millones de colones.
Sin embargo, la realidad es que para este año Hacienda sólo le presupuestó 17.378 millones al MSP, es decir, el 66.86% de lo que corresponde por ley; al Ministerio de Justicia le giró 987 millones (3.59%) y al Poder Judicial 967.3 millones (3.52%). Es decir, Hacienda no transferirá a esas instituciones un monto equivalente al 29.61% de lo que se debe recolectar.
La nueva ley, que redistribuye los porcentajes y en el caso del Poder Judicial señala que el beneficiario directo será el Organismo de Investigación Judicial, señala a modo de transitorio que para 2025 y 2026 Hacienda deberá girar el 100% de los recursos que recaude por el impuesto a las sociedades, no pudiendo echar mano de la norma contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que le permite manejar a su antojo los destinos específicos fijados por ley cuando la relación deuda-PIB supera el 50% del PIB nominal.
De este modo y bajo la presunción de que en 2025 el monto a recaudar sería exactamente el mismo que el previsto para el 2024 (a pesar de que la tendencia es siempre que el monto aumente), el Ministerio de Seguridad recibiría 20.600 millones de colones, es decir, 3221 millones de colones más que lo presupuestado para este 2024. El OIJ recibiría 4120 millones de colones, es decir, 3133 millones más que este año, y el Ministerio de Justicia y Paz tendría que recibir 1779 millones más, hasta llevar la transferencia por este impuesto a los 2746 millones de colones.
Por otro lado, las entidades beneficiarias con la distribución de recursos de este impuesto deberán presentar de forma anual, al cierre del año presupuestario, un informe con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con esos dineros ante las comisiones de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
A partir del año 2027 Hacienda podrá nuevamente echar mano de los recursos de este impuesto y no transferir el 100% de lo que señala la ley, siempre y cuando perdure un nivel de deuda/PIB superior al 50%.
Breves
— Con 44 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.151 "Primer Presupuesto Extraordinario de la República y Primera Modificación Legislativa a la Ley No. 10.427, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024". Este presupuesto contiene 12.000 millones de colones dirigidos a financiar el programa de becas Avancemos para aumentar la cobertura de beneficiados.
— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.569 "Autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que done un inmueble de su propiedad al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica".
— Con 18 votos a favor y 26 en contra se rechazó devolver a comisión el expediente 20.084 "Reformas a la Ley de Protección Fitosanitaria del Estado para que pueda ejercer el control de plagas".
— La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente el expediente 23.890 "Desafectación del uso público y autorización para que se segregue y done un terreno propiedad de la Junta de Educación de San Miguel de Pejibaye a la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel de Pejibaye".
— La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 24.197 "Segundo Presupuesto Extraordinario de la República a la Ley N°10.427, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2024" que contiene los recursos del crédito para atender infraestructura en riesgo inminente.
— La Comisión de Gobierno y Administración rechazó el expediente 23.733 "Mismo patrón, igual contribución. equidad contributiva patronal en Regímenes Básicos de Pensiones" presentado por la diputada Pilar Cisneros Gallo.