El marco normativo para construir pública en Costa Rica, consiste esencialmente en la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y Ley de Concesión de Obra Pública. Esas normas buscan asegurar el cumplimiento de los principios de la contratación de la Administración Pública. Las concesiones de obra pública son proyectos más complejos y a más largo plazo, por lo que su implementación representa un reto de complejidad, que en Costa Rica aún no se ha explotado en toda su potencialidad. Sin embargo, tratándose de una actividad compleja, de tan grande impacto, y de tan alto costo, las regulaciones enfrentan algunos retos.
Uno de los principales desafíos es la familiarización con las reglas contenidas en las leyes. Los funcionarios públicos deben comprenderlas para poderlas aplicar. Esto implica conocer los requisitos formales para la presentación de ofertas, los plazos, criterios de evaluación, etc. Pero ello no solamente abarca la labor de los oferentes privados, sino que es necesario que el funcionario público sepa qué puede pedir como objeto contractual, y cómo pedirlo, para garantizar la libre competencia, transparencia, y eficacia.
Otro importante desafío radica en la gestión de los contratos y la supervisión de su ejecución. A dicho respecto es prioritario establecer contratos claros pero detallados, que contemplen todos los aspectos relevantes del proyecto, como plazos, precios, responsabilidades y mecanismos de resolución de controversias. Aunado a ello, se debe insistir en la estandarización y el uso de modelos contractuales aceptados internacionalmente (FIDIC, NEC, etc.). Los contratos deben ser claros, precisos y consistentes, para que esta pueda permear en la transparencia y seguridad jurídica a favor del administrado.
El respeto al principio de mantenimiento del equilibrio económico, es una tarea insoslayable. Los contratistas debe tener la garantía que las modificaciones contractuales o las circunstancias fuera de su control no afecten desproporcionadamente los derechos y obligaciones de las partes. La correcta supervisión de la ejecución del contrato es igualmente importante para asegurar el cumplimiento de tales términos acordados, así como de la calidad de la obra.
La gestión de los riesgos legales y la resolución de controversias son desafíos significativos en la construcción de obra pública en Costa Rica. Los proyectos de infraestructura suelen estar expuestos a diversos riesgos, como cambios normativos, imprevistos geológicos, ambientales, y conflictos entre las partes involucradas, hasta relacionados con temas de índole propiamente política. Para mitigar estos riesgos, es necesario contar con mecanismos de gestión adecuados y cláusulas contractuales que permitan abordar de manera efectiva estas situaciones, en la mayor medida de lo posible. En caso de que surjan controversias, debe haber mecanismos ágiles para resolver las controversias.
Por último, la transparencia y la rendición de cuentas son aspectos fundamentales en la construcción de obra pública en Costa Rica. El acceso a la información y la participación ciudadana son derechos protegidos por la legislación y deben ser garantizados en estos proyectos.
La correcta divulgación de la información relativa a los procesos de contratación y la ejecución de la obra, así como la rendición de cuentas por parte de las entidades estatales, contribuyen a fortalecer la confianza de la sociedad en la gestión de los recursos públicos y en la calidad de las obras construidas. Contratos bien diseñados y redactados permitirá optimizar la transparencia, y reducir la corrupción. Es necesario considerar la necesidad de una ley general de obra pública, que permita una descripción detallada sobre todos los alcances relativos a esta actividad tan importante para la sociedad.
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