El pasado 5 de marzo en conferencia de prensa, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto Martínez, puso sobre la mesa un tema de suma importancia para el fútbol de Costa Rica: la profesionalización del arbitraje.
En su largo transito histórico, el fútbol internacional ha tenido una evolución positiva en cuanto a la regularización de la relación laboral existente entre un club determinado y el futbolista, es decir, entre la empresa deportiva propiamente dicha y el trabajador del deporte. Dicha regularización, ha significado un importante reconocimiento de los derechos laborales del deportista, existiendo una constante fiscalización de FIFA a través de distintos sistemas como lo son FIFA Connect Platform y Transfer Matching System (TMS), que se encargan del pasaporte deportivo de futbolistas y la transferencia internacional de profesionales respectivamente, resguardando en ambos los derechos laborales del jugador.
Costa Rica no ha sido la excepción, por ejemplo; Unafut, para permitir la inscripción efectiva de un jugador y emitir su credencial, debe comprobar primero, que el futbolista profesional cuente con un contrato laboral. Ello implica, que el jugador esté debidamente protegido por convenio suscrito entre las partes al amparo de la legislación nacional vigente, por lo que se debe respetar el Decreto de Salarios Mínimos imperante al momento de la contratación. Lo anterior, ha permitido que cientos de jóvenes puedan dedicarse plenamente al deporte convirtiéndose en verdaderos profesionales, beneficiando de buena manera el nivel del fútbol nacional.
Lo contrario ha sucedido en el caso del arbitraje, en donde las personas dedicadas a esta actividad no cuentan con una relación laboral con la Federación Costarricense de Fútbol o Unafut. Por tal motivo, el pago recibido por sus servicios se realiza por partido arbitrado, lo que lógicamente implica que, en el caso de no ser convocado para una jornada futbolística, el juez arbitral no percibirá retribución alguna. En la actualidad, el pago por partido “es de 280.000 colones, mientras que los asistentes y el secretario arbitral reciben la mitad” aseguró el arbitro Pedro Navarro Torres en entrevista del 23 de febrero del 2024 al periódico La Nación. De igual manera, en caso de que un “silbatero” sufra una lesión se verá en una situación en la que no recibirá ingresos o indemnización.
Estos elementos, denotan la precarización en la que se encuentra la actividad arbitral en el fútbol nacional, impidiendo que una persona comprenda el ejercicio del arbitraje como una carrera profesional de la cual se puede vivir de manera digna sin necesidad de recurrir a otras actividades económicas.
Sin duda alguna, el anuncio hecho por la FCRF en cuanto a la profesionalización del arbitraje se debe de tomar de manera positiva, ya que fomentará la especialización de los árbitros, su constante formación y estudio de las reglas del juego, y al igual que sucedió con los futbolistas profesionales, el hecho de que puedan dedicarse cien por ciento a esta actividad dará como resultado un mejoramiento de fútbol nacional.
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